VIDEO: Alcaldía de Higüey acusará Junta Municipal ante Justicia por el cobro ilegal de arbitrios

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Verón-Punta Cana. Nuevamente el tema de las competencias de la administración del uso de suelo, pago de arbitrios y demás acciones vinculadas al planeamiento urbano del Distrito Verón-Punta Cana entra al tapete.

Pues desde la Alcaldía de Higüey se deja ver preocupación por el otorgamiento de permisos por parte de la Junta Municipal de la demarcación turística sin la coordinación con las autoridades del municipio cabecera.

El consultor jurídico de la Alcaldía de Higüey, Manuel Alejandro Chevalier, dijo que la sentencia del Tribunal Constitucional ratificó que la Ley 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, tiene razón en que los ayuntamientos son los que deben ejercer las funciones de planeamiento urbano, y en tal sentido cobrar los impuestos municipales por concepto de desarrollo de proyectos.

“Es preocupante conseguir proyectos de manera ilegal, porque no es la oficina encargada para eso. Nosotros estamos evaluando ejercer acciones judiciales en contra de lo que es esa llamada Oficina Técnica de Planeamiento Urbano del Distrito (Municipal).

Los permisos que la arquitecta Luisa Villavicencio no ha dado es un papel con apariencia de legalidad y en derecho decimos que quien paga mal, paga dos veces”, enfatizó Chevalier.

El consultor jurídico de la Alcaldía de Higüey, Manuel Alejandro Chevalier.

Actualmente, este distrito turístico se beneficia de un acuerdo de mancomunidad que sirvió de salida salomónica a este conflicto de años sobre dichas competencias, aunque sin negociar que sea Higüey o la Junta Municipal que cobre los impuestos.

Se trata del denominado pacto municipal conocido como “50-50”, que distribuye los beneficios del cobro de arbitrios en partes iguales, para Higüey y Verón-Punta Cana. Este acuerdo plantea la distribución en la misma proporción de los recursos generados por emisión de permisos para las construcciones y uso de suelo, y del 3% que paga el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM).

Desde septiembre del año pasado, la Alcaldía de Higüey ha estado reiterando el contenido de la sentencia TC/0152/13, emitida por el Tribunal Constitucional, en la que ratifica que esta institución es la facultada no solo para el cobro de arbitrios, sino para ejecutar las acciones inherentes al planeamiento urbano, dejando sin efectos las decisiones que en esta materia se ejecuten desde la Junta Municipal Verón-Punta Cana.

Chevalier hizo un llamado a los ciudadanos a que se informen de manera correcta y vayan a donde indica la ley, que en este caso es a la Alcaldía de Higüey.

Explicó que las acciones judiciales irían dirigidas para aquellos que hicieron un pago incorrecto y lo que funge como Oficina Técnica de Planeamiento Urbano de la Junta Municipal Verón-Punta Cana.

El consultor jurídico afirmó que las acciones judiciales darán ejemplo de cuáles son los comportamientos correctos. Con respecto a las exoneraciones a algunos proyectos, reiteró que no cuentan con potestad para realizarlas, al menos que se traten de construcción de iglesias o fundaciones que realicen trabajos sociales.

DISTRITO SIN COMPETENCIAS

La arquitecta Luisa Villavicencio, encargada de la Oficina de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de Higüey, expresó que esta es la única entidad que debe contar con un departamento en este ámbito, y que los distritos municipales deben regirse por la normativas y aspectos organizacionales que el ayuntamiento establece. “Eso incluye que no pueden generar ningún tipo de arbitrios que tenga que ver con este tipo, porque es que los distritos municipales no tienen esta oficina; eso es completamente ilegal.

Si una persona está recibiendo una “No Objeción” de un departamento que se quiera llamar Planeamiento Urbano, lamentablemente lo está haciendo de la manera incorrecta”, sostuvo Villavicencio.

Destacó que de todas las juntas municipales de la demarcación del municipio de Higüey, la única que posee una oficina que opera con trabajos de este ámbito es la de Verón-Punta Cana, porque todas las demás realizan estos trámites ante la Alcaldía de Higüey.

Recordó que en la pasada gestión del ex director municipal, Radhamés Carpio, se firmó un acuerdo en el que las obras que tenían un monto superior al millón de pesos iban a ser divididas en ambas instancias.

A su juicio, desde ese momento se interpretó la ley a conveniencia de las autoridades de entonces, y les dio a entender que se podía crear una Oficina de Planeamiento Urbano en la Junta Municipal, lo que hizo que la Alcaldía de Higüey acudiera ante el Tribunal Constitucional. Villavicencio explicó que luego de esto se llegó a un nuevo acuerdo en que se estableció que todos los proyectos tenían que ir a Higüey.

Propiedad en el sector Campo Lindo, cuya carta de No Objeción fue otorgada por la Junta Municipal Verón-Punta Cana sin pasar por Higüey.
Propiedad en el sector Campo Lindo, cuya carta de No Objeción fue otorgada por la Junta Municipal Verón-Punta Cana sin pasar por Higüey.

“Nosotros somos los que tenemos las competencias claramente definidas, porque somos los que tenemos el clasificador para tramitar proyectos, y es por ello que los cheques que emiten los inversionistas tienen una diferencia de 3 mil pesos por concepto de tramitación”, explicó la funcionaria.

Asimismo, informó que recientemente hicieron un levantamiento en conjunto con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), en los que determinaron que unas 20 obras medianas que contaban con recibos de la Junta Municipal no están registradas en el municipio.

“Un 90% de las obras visitadas en un día, en un solo sector, de aquí de Verón-Punta Cana, tenía un permiso de la Junta Municipal y que solo habían pagado aquí, sin por pasar por Higüey”, acotó.

Para Villavicencio, esto trajo la decisión de establecer inspectores en la zona, pero no significa que puedan trabajar el tema en equipos. La encargada de Planeamiento Urbano se refirió a varios casos de irregularidades en la zona en cuanto a permisos de “No objeción”, donde la Junta Municipal los ha otorgado de manera unilateral, por un pago de hasta de 10 mil pesos por cada documento y cuyo impuesto a una misma razón social ha sido cobrado hasta dos veces.

PREOCUPACIÓN DE KARINA

La alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, dijo que la única instancia legal para cobrar arbitrios y ejercer las funciones de Planeamiento Urbano es el ayuntamiento que dirige y que esta situación puede afectar considerablemente al desarrollo de la zona turística y por ende a los inversionistas.

“Hay malas informaciones y creo que la otra parte no está bien asesorada, y tengo pruebas de que estamos cumpliendo con la ley y con el acuerdo de mancomunidad. Si bien la ley no habla de partidas al distrito. Nosotros solicitamos este acuerdo para que lo recaudado por la zona llegue aquí”, manifestó. Aristy indicó que en lo que va de año han entregado a la Junta Municipal unos 45 millones de pesos por concepto de arbitrios, para que sean devueltos en obras.

Karina Aristy en La Revuelta de la Mañana

La autoridad municipal reiteró que la vía legal para canalizar el pago de arbitrios y los trámites de permisos de uso de suelo es por la Alcaldía de Higüey y hasta que eso no sea modificado eso seguirá siendo así.

“Es bueno aclararle a la población que a la hora de hacer el pago estos se reflejan en cheques certificados y nosotros damos un recibo. Esto no se paga en efectivo, y por la misma situación se ha creado confusión en la población”, agregó Aristy.

A su juicio, el Ministerio de Obras Públicas, Turismo y Medio Ambiente jamás recibirá permisos que no cuenten con los sellos y la aprobación de la Alcaldía de Higuey, en virtud de lo que dice la ley.

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