Silveria Poueriet, fiscal de la Unidad.

Verón-Punta Cana: Unidad de Atención a Víctimas ha atendido cuatro casos de incesto desde febrero del 2018

Verón. La encargada de la Unidad de Atención a Víctimas de Verón-Punta Cana, la fiscal Silveria Poueriet, definió el incesto como todo acto de naturaleza sexual que proviene de un familiar, y señaló además que desde febrero del pasado año, cuando fue inaugurada esta dependencia estatal, han atendido cuatro casos de este tipo.

Poueriet refiere que el Código Penal de la República Dominicana establece que el incesto se constituye cuando se realiza por un adulto mediante un engaño, violación, seducción y obligación o constreñimiento.

“En niñas, niños y adolescentes regularmente es que se da el incesto”, señala la fiscal. Poueriet explica que el incesto es uno de los delitos más complicados para trabajar, pues no es comúnmente denunciado, porque se da en el seno de la familia y les resulta vergonzoso tratarlo.

“Es un delito que no se denuncia porque conlleva a un sentimiento de culpa en la víctima. En muchas ocasiones es la víctima que se siente culpable de haber provocado esa situación y por ende no lo va a comunicar”, indica Poueriet.

La encargada de la Unidad de Atención a Víctimas de Verón-Punta Cana explica que el incesto tiene una pena cerrada, lo que significa que no se acogen circunstancias atenuantes, lo que quiere decir que no hay nada que justifique el hecho. Poueriet manifiesta que ninguna circunstancia disminuye la pena que se le aplica a quien comete el incesto, que es de 20 años de prisión.

Explica que en estos casos el imputado no tiene derecho a fianza o libertad condicional. La fiscal también indica que en los cuatro casos que ha tratado en esta Unidad se han dictado medidas de coerción.

“Todos los casos que se han judicializado algunos están en la fase de la investigación, otros están en fase de acusación y otros fueron acusado y fueron a juicio”, asegura.

Finalmente, dijo que el proceso que se agota en estos casos es, una vez se recibe la denuncia el Ministerio Público tiene unos tres meses o más para hacer la investigación, dependiendo de la medida de coerción que se le dé al imputado, luego presenta la acusación y de acuerdo a lo que es el ordenamiento procesal penal pueden estos casos recorrer hasta tres años en los tribunales ordinarios

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