Verón-Punta Cana: El Estado dominicano deja a ciudadanos indefensos ante especulación de precios

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Verón. Los dominicanos en reiteradas ocasiones son víctimas de la especulación de precios de los bienes y servicios, pero el Estado tiene una debilidad significativa en cuanto a la creación y aplicación de leyes y competencias de sus instituciones para regular el mercado de la oferta y la demanda, y por ende el valor que obtienen los principales productos que consume la población.

A pesar de que en el país existen entes públicos que dentro de sus atribuciones está el control de precios, las personas se sienten desprotegidas tanto en la formulación de denuncias como en la actuación de estos organismos, puesto que muchos de ellos le tiran le pasan la pelota caliente al libre mercado, que es donde se determina el valor de los bienes y servicios.

El Distrito Verón-Punta Cana es una de las zonas del país donde más se reflejan diferencias abismales en los precios de los productos, en comparación inclusive con el principal centro urbano de la provincia La Altagracia, que es Higüey, y con otras ciudades de la República Dominicana, como La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.

Los ciudadanos que residen en esta área turística, muchas veces se ven en la obligación de acudir a estas localidades para adquirir los diferentes productos de la canasta básica familiar, en virtud de que el valor en esos pueblos es relativamente más bajo.

La Ley 358-05 establece claramente los derechos de los consumidores.

En el país, mucho se habla del rol del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), pero su directora Anina del Castillo, así como anteriores directivos de esta instancia, han dejado claro que la ley sólo los faculta para la información del valor de bienes y servicios, más no para su regulación en el mercado, pese que a su principal función es “la defensa de los consumidores”.

Pro Consumidor, además de que no cuenta con una oficina en la provincia La Altagracia, sólo se limita a garantizar el acceso a los bienes y servicios y deja a la oferta y la demanda la determinación del valor de estos.

Según la institución, el Departamento de Denuncias y Reclamaciones atendió en el primer semestre de este año 15,831 llamadas con motivos de bienes defectuosos, medidas y pesos inexactos, cargos adicionales, incumplimiento y retrasos de entrega, así como falta de calidad. El ente cuenta con un Departamento de Información de Precios, cuya función es publicar el valor de los productos, principalmente de alimentos, medicinas y de ferretería, sólo para que los ciudadanos tengan referencia de precios al momento de elaborar los presupuestos.

INESPRE

También existe el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), que de acuerdo a su nombre crea la ilusión de que fue creado para fiscalizar el libre mercado de la oferta y la demanda, además de ejercer una firme defensa de los derechos del consumidor. Pero en la práctica no es así.

El Inespre, según su misión, tiene como objetivo “ofrecer apoyo y brindar servicios dentro del sistema nacional de comercialización agropecuaria, para mejorar la rentabilidad y competitividad de los agro productores y la capacidad de compra de los consumidores nacionales, muy especialmente de aquellos de menos nivel de ingreso, promoviendo la focalización con transparencia del abasto alimentario”.

El director de esta instancia, Jorge Zorrilla Osuna, explicó que sus funciones se basan principalmente en la reducción de los márgenes de intermediación en beneficio del productor y del consumidor. También, incrementar el ingreso de los productores, garantizar los productos básicos, estabilizar precios, mercado y márgenes de comercialización, pero en el ámbito agropecuario.

“Nosotros, de acuerdo a lo establecido en la Ley 526, que crea este Instituto, regulamos todas las actividades tendentes al mejoramiento del mercadeo de los productos agrícolas y ganaderos; su clasificación en grados, basados en la calidad y presentación, y la estandarización de los mismos para el mercado nacional y el de exportación”, sostuvo Zorrilla.

El funcionario destacó que su radio de acción se limita al control de precios sólo de productos agropecuarios, cuando la situación de estos en el mercado nacional, a juicio del Instituto, lo requiera, a través de los procesos de oferta y demanda de los mismos.

Asimismo, señaló que actualmente buscan expandir la presencia del Inespre en todas las provincias del país, tomando como primordiales donde más se desarrolla la actividad agropecuaria.

“En la provincia La Altagracia, específicamente en Higüey, sólo contamos con Agromercados, que son centros de expendio de los principales productos que componen la canasta básica familiar, tales como arroz, víveres, vegetales, frutas, cárnicos, pescados, cítricos, quesos, embutidos, huevos, lácteos y productos agroprocesados. Fueron creados para llevar directamente a los sectores más necesitados del país, productos frescos de buena calidad y a los mejores precios del mercado”, dijo Zorrilla.

En algunos lugares de Verón un plátano cuesta hasta 7 pesos.

COMUNIDADES: MAYOR FISCALIZADORAS

A juicio de la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos del Polígono 1 del Distrito Verón-Punta Cana, Altagracia Pouriet, las comunidades deben empoderarse más del tema del control de precios y la defensa de os derechos del consumidor, puesto que actualmente no es un asunto que está en la agenda principal de los actores sociales.

“No estamos haciendo nada al respecto, y por ello estamos haciendo un rediseño de la actividad comunitaria, porque hemos estado muy entretenidos en cosas que no le conciernen directamente a la comunidad y estas situaciones son los resultados de eso”, sostuvo Pouriet.

Indicó que estiman hacer levantamientos de todos los problemas que afectan a las comunidades, con la inclusión de líderes comunitarios y ciudadanos en general, para abordar temas como la especulación de precios.

Sol Elena Rivera, trabajadora de una empresa en la zona, manifestó su preocupación por la falta de contundencia de las autoridades competentes en la regulación del valor de los bienes y servicios, por lo que consideró que el más afectado es el pueblo.

“Lo más sano es que se cree un comité de defensa del consumidor, donde sea la gente que ejerza el control de precios, en conjunto con las instituciones, pero eso no es, y al parecer ni será posible, porque aquí se beneficia sólo a la oferta en base a la demanda”, expresó Rivera.

LA LEY

El sube y baja de los precios, la mala o buena calidad de los productos y servicios, así como los derechos de los consumidores eran aspectos de interés general que estaban depositados en la extinta Dirección Gene al de Control de Precios, creada mediante la Ley 13, del 27 de abril de 1963.

Desde que fue promulgada la Ley 358-05, sobre Protección de los Derechos del Consumidor y Usuario, fue suprimido el control de precios en el comercio local, ya que República Dominicana entró a un nuevo orden de mercado abierto. La otrora Dirección de Control de Precios pasó a ser el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, cuya Dirección Ejecutiva todavía no ha podido ejecutar acciones tendentes a cumplir con sus funciones.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 358-05, se reconocen como derechos fundamentales del consumidor o usuario, la protección a la vida, la salud y seguridad física en el consumo o uso de bienes y servicios, así como la educación necesaria para la adquisición de cualquiera de los bienes o servicios.

Los consumidores también tienen derecho a recibir de los proveedores por cualquier medio de mensaje de datos, internet, servicios de mensajería y promoción o cualquier otro medio análogo; una información veraz, clara, oportuna, suficiente, verificable y escrita en idioma español sobre los bienes o servicios ofrecidos en el mercado.

También, sobre sus precios, características, funcionamiento, calidad, origen, naturaleza, peso, especificaciones en orden de mayor contenido de sus ingredientes y componentes que permita a los consumidores elegir conforme a sus deseos y necesidades, al tiempo que cualquier riesgo que eventualmente pudieren presentar.

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