Sector informal: «en la colita» de las medidas gubernamentales

Verón. – A partir de ayer, las operaciones de los sectores productivos que estaban suspendidos desde el pasado mes de marzo, como parte de las medidas de distanciamiento social para prevenir contagios masivos del virus COVID-19, comenzaron a funcionar de manera parcial, tal y como anunció el presidente de la República Danilo Medina.

Estas nuevas medidas, en el marco de la reapertura gradual de las empresas, incluyeron nuevos anuncios, entre ellos la extensión al programa Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) a trabajadores de empresas que fueron suspendidas y que de acuerdo a las condiciones inicialmente establecidas no aplicaban para el plan.

Danilo Medina
Presidente Danilo Medina.

También, la creación del programa “Pa’Ti, destinado a trabajadores que día a día se ganan el sustento de las familias en negocios independientes.

Justo ahora, que se abren las operaciones gradualmente, es que el Gobierno incluye a este tipo de empleados considerados como informales y decide además incentivar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Si bien toda ayuda que sea dirigida a los sectores menos favorecidos desde el punto de vista social y económico, resulta contradictorio esta medida en momentos en que esos mismos empleados se tirarán a las calles para reabrir sus actividades y por tanto podrán percibir ingresos.

El sector informal, de acuerdo a cifras del Banco Central, constituye en República Dominicana alrededor del 54% de la población ocupada. Cuando el pasado mes de marzo, se anunciaron los programas para garantizar los incentivos económicos a los empleados de aquellas compañías suspendidas, se excluyó totalmente a la masa laboral perteneciente a la informalidad.

La razón es porque la actividad informal es considerada irregular por no cumplir con los compromisos formales ante el Estado dominicano, como pagos de los diferentes impuestos y registros, que si han cumplido las empresas debidamente constituidas.

Desde marzo hasta finales de la semana pasada, apenas horas antes del último discurso ofrecido por el primer mandatario nacional, choferes de transporte público, mecánicos, motoconchos, carpinteros, salonistas, peluqueros y vendedores de comida, se han externado su preocupación al quedar descartados de los programas sociales gubernamentales.

El Gobierno siempre dijo que para aquellos que no podían entrar al FASE, les quedaba la opción del plan “Quédate en tu Casa”, pero muchos de los trabajadores informales fueron rechazados por el sistema de dicho programa.

Esas personas han tenido que apelar a la solidaridad de las demás ciudadanos y empresas que han estado activamente colaborando con insumos alimenticios, sobre todo en momentos cruciales de la cuarentena, como finales de marzo y todo el mes de abril, por la cantidad de contagios y fallecidos registrados diariamente.´

Estrategia

Al incluir en último momento a los trabajadores pertenecientes a la economía informal, desde el Gobierno posiblemente se esté apelando a la aceptación de alrededor de unos 2.3 millones de personas, quienes conforman este grupo socioeconómico excluido de los programas sociales diseñados por el Poder Ejecutivo, desde el inicio de la cuarentena.

Este movimiento estratégico se da cuando se acerca la nueva fecha para la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio.

En este contexto y a estas alturas, faltando poco menos de mes y medio para el referido proceso comicial, pareciera que la postulación del candidato oficialista, Gonzalo Castillo, no termina de arrancar. Las encuestas dadas a conocer en las últimas semanas, lo descalifican con menos del 35% de la aceptación electoral.

Es posible que ese grupo de trabajadores hayan expresado en esas encuestas su descontento hacia el actual Gobierno y por ende al candidato oficialista, por la exclusión de los programas sociales precisamente destinados a proteger a los trabajadores.

En los nuevos anuncios, tampoco se hizo distinción entre las pequeñas y medianas empresas para la reactivación de la economía en su primera fase y solo exceptuó a aquellos establecimientos que por la naturaleza de su desempeño, reúnen gran cantidad de personas.

Hablar en estos momentos de una reapertura gradual de las actividades productivas, también puede suponer la generación de condiciones para prepararse para el escenario electoral y congresual.

Tener un país totalmente cerrado por mucho tiempo, también impediría el desarrollo del proceso comicial más importante de un país, que es la elección de su máxima autoridad.

Politólogo Daniel Pou.

Para el politólogo Daniel Pou, las nuevas medidas anunciadas que incluyen nuevos programas destinados a trabajadores independientes, que fueron considerados como informales por el Gobierno, constituye una acción induce a una normalización de las actividades, aunque aún se mantengan cifras altas de casos por COVID-19.

“Es una decisión que pudiera decirse es aceptada, porque casi el 60% de la población vive de la economía informal. Indiscutiblemente pueden haber otros factores en la reapertura, pero considero que la idea es mandar un mensaje de normalidad en los sectores productivos”, indicó Pou.

Dijo que se aplaude un reinicio de algunas actividades, sin embargo a su juicio, todas estas acciones vienen con un componente político que entra en el contexto electoral y la población informal puede influir directamente en resultados electorales.

“Sin lugar a dudas los trabajadores informales dejaron claro su resistencia ante esta crisis y que es un sector sumamente vulnerable que debe ser incluido por el Gobierno”, sostuvo el politólogo.

Asimismo, aseguró que el tema y las acciones electorales siguen en agenda y que de hecho el mandatario nacional en el discurso del domingo no dejo de mencionar las elecciones del 5 de julio.

Reapertura y elecciones

En su discurso en el que anunció la reapertura gradual de la economía, el presidente habló de cuatro desafíos: El desafío de mantener la epidemia bajo control, el desafío de reactivar al aparato productivo, el de seguir atendiendo las necesidades de la gente y, por último: “el desafío político que supone garantizar que se realicen las elecciones presidenciales y congresuales previstas para el 5 de julio próximo”.

Recordó que la situación del COVID-19 obligó a la Junta Central Electoral a posponer los comicios fijados para el 17 de mayo, para que así puedan celebrarse con las debidas garantías.

Medina dijo tener un compromiso con la democracia del país, con los plazos y procesos establecidos por la Constitución de la República y con el ejercicio de la soberanía popular por parte de la ciudadanía.

“De manera que, pueden estar seguros, pondremos todo de nuestra parte para que el pueblo dominicano pueda ejercer su derecho al voto, de acuerdo a los más altos estándares de transparencia y legitimidad” destacó el jefe del Estado dominicano.

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