Manuel María Mercedes: “En la cárcel preventiva de Higüey lo que opera es una mafia”

¿Cuál es la situación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha constatado en las cárceles preventivas de La Romana e Higüey?

La situación de las preventivas en todo el país es trágica. El año pasado llegamos a pedir el cierre inmediato de la cárcel preventiva de San Pedro de Macorís, por las graves violaciones de los derechos humanos y las irregularidades encontradas. Esa cárcel sigue operando en las mismas condiciones.

Ahora estamos denunciando la cárcel preventiva de Higüey, que nuestros activistas de La Altagracia han definido como una “fábrica de muertes”, ya que en los últimos tres meses se han registrado 7 muertes de internos, la mayoría por las golpizas recibidas.

Estamos denunciando que en la preventiva de Higüey lo que opera es una mafia, donde a unos prebostes las autoridades encargadas les han otorgado la administración de las cárceles, y ellos hacen y deshacen y deciden hasta la vida y la muerte de los presos, además de que controlan, en complicidad con las autoridades encargadas, el tráfico de todo objeto que entra, así como el tráfico de droga, la entrada de teléfonos celulares y la extorsión de dinero a familiares de los internos. En La Romana es igual la situación, hacinamiento, violencia, condiciones de detención infrahumanas y extorsiones a presos y familiares.

¿Entiende que la solución a los males evidenciados en esas cárceles se limita sólo a cambiar a sus autoridades?

No. Eso es lo que estamos diciendo. Las denuncias se repiten año tras año, se cambian las autoridades encargadas y después de un tiempo todo sigue igual. El procurador general de la República ha anunciado un plan de humanización del sistema carcelario, por el cual está pidiendo subvenciones a la OEA, y que prevé la construcción de nuevas cárceles. Esperamos que incluya la ampliación de las preventivas como medida urgente.

Sin embargo, esta tampoco es la solución. Hay un uso excesivo en nuestro país, y en general en toda la región, de la medida de la prisión preventiva. En las preventivas de República Dominicana hay detenidos con fianzas de mil o dos mil pesos que no tienen la forma de pagar.

El sistema de justicia alrededor de las preventivas está asfixiado por la falta de recursos, lo que implica directamente procesos judiciales más lentos y más tiempo de demora en las cárceles para los presos. En La Altagracia hay solamente cuatro abogados de la Defensoría Pública, para una población carcelaria de 2 mil privados de libertad.

¿Y cuáles son las propuestas de solución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para resolver definitivamente esos problemas?

Que se investiguen las denuncias recibidas y se sometan a la acción de la justicia los responsables, tanto civiles como militares; que se abra un registro de cada muerte que pueda ocurrir, y que se ponga a disposición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el expediente del fallecido, a fines de darle seguimiento.

Que se desmonte la práctica de nombrar y utilizar prebostes, a fines de controlar los internos, y se desmonte la mafia que se ha creado al respecto; que se implemente urgentemente el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario; que sea designado a la oficina de la Defensoría Pública de la provincia La Altagracia un adecuado número de defensores públicos, que sean suficientes para asumir la defensa de los imputados y así garantizar lo dispuesto en la Constitución.

Que al momento de conocer medidas de coerción el tribunal valore la gravedad de los procesos, y que el criterio de oportunidad pueda ser aplicado en los casos que ameriten, y que se agilicen los procesos para los internos con prisión preventiva bajo fianza, cuando la fianza es de un monto muy pequeño.

Cárcel preventiva de Higuey
Cárcel preventiva de Higuey.

¿Cuál es la situación de las demás cárceles de la zona Este del país?

En los centros del Este del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria podemos decir que la situación es ligeramente mejor que en las cárceles del viejo modelo, porque por lo menos todos los internos tienen una cama para dormir y casi no hay hacinamiento. Aunque este modelo en la actualidad necesita mejoría, mayor inversión y atención.

Recordamos que en diciembre del año pasado, en el Nuevo Modelo de San Pedro de Macorís un interno fue torturado por tres días, hasta provocarle la muerte, por un agente penitenciario.

Respecto al viejo modelo, adscrito a la Dirección General de Prisiones, hay situaciones muy graves, como la cárcel de El Seibo, que es una fortaleza con un hacinamiento muy elevado y condiciones de detención infrahumanas.

Reiteradas veces hemos solicitado a la Presidencia de la República la expedición de un decreto que ordene el traspaso total de la Dirección General de Prisiones al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

¿Considera que los presos famosos, como se les suele llamar, gozan de privilegios al más alto nivel?

Claro que sí. En las cárceles del viejo modelo o en las preventivas, más dinero puede distribuir el privado de libertad, sea él un famoso o un narcotraficante o cualquier persona pudiente, y más cómoda se le hace su estadía.

Lo de los privilegios es visible en el caso, por ejemplo, de los militares que son llevados a juicios por diferentes asuntos, sobre todo en los pueblos en los juicios lejos de la presión mediática.

En Hato Mayor, por ejemplo, donde damos seguimiento a dos casos de ejecuciones extrajudiciales. En el primero, dos marinos acusados de haberle quitado la vida a un joven de Sabana de la Mar han llegado a amenazar a los familiares de la víctima e incluso a acercárseles empujándolos, sin que los agentes de seguridad hicieran nada, durante una audiencia.

En el segundo, el caso del coronel (Emilio) Corcino, quien asesinó a quemarropa a un joven en su vehículo frente a su familia, por un simple asunto de tránsito, llega a las audiencias siempre sin esposas.

¿Cómo califica las denuncias de corrupción que se atribuye a custodios de esas cárceles?

Calificamos estos hechos como una verdadera mafia, sin temor a utilizar este término. La mafia de hecho se dedica a la extorsión, y cuando las personas no cumplen con lo exigido pasa a las acciones violentas.

.Este mismo esquema se usa en las cárceles donde los prebostes, o sea, internos que tienen funciones de seguridad, se dedican a extorsionar a los presos o familiares, en complicidad, por acción u omisión, con las autoridades de la cárcel. Siempre lo hemos denunciado, y la Procuraduría General de la República o la Dirección de la Policía Nacional le han hecho caso omiso a nuestras denuncias.

¿Podría hacernos un resumen sobre la realidad de los pueblos del Este en materia de respeto a los derechos humanos?

El Este refleja la misma situación de deterioro general de la situación de los derechos humanos de todo el país, aunque con aspectos diferentes, por algunas situaciones socioeconómicas peculiares. Respecto a la situación de los abusos policiales, el patrón es el mismo que en el resto del país.

La Policía Nacional es la institución del Estado más desacreditada, y eso lo podemos ver a diario. Asimismo, por los desalojos forzosos hay un patrón generalizado que se está dando en todo el país, debido al acaparamiento de tierras del Estado de forma fraudulenta, de parte de empresarios o grupos empresariales, militares o ex miliares.

Asimismo, es inconcebible que La Altagracia, una de las provincias que más riqueza produce al país, sea la que tiene el índice de desarrollo humano más bajo, con hospitales inexistentes o infuncionales, pocas e insuficientes escuelas, y con una situación de grave precariedad en la distribución de agua potable y de saneamiento. Parientes de personas muertas trágicamente cuestionan que el Ministerio Público no siempre concluye esas investigaciones.

 ¿Qué opinión le merece?

El Ministerio Público está afectado por un sinnúmero de deficiencias que obligatoriamente se traducen en la denegación del derecho a la justicia para los ciudadanos de este país. Deficiencias de presupuesto, pero también de recursos humanos de calidad y profesionales, hasta llegar a la falta de independencia de los tres poderes del Estado, que afecta grandemente la institucionalidad y el Estado de derecho.

En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, hay todo el interés en el Ministerio Público de preservar el Estado y garantizar impunidad a los victimarios, aunque hemos logrado condenas importantes en muchos casos, pero siempre se ha dado por la presión mediática y de nuestros activistas en las aulas de los tribunales.

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