En esta funerario fue llevado a cabo el velatorio de Robert Johnson Santana.
En esta funerario fue llevado a cabo el velatorio de Robert Johnson Santana.

Madre de menor ultimado por policía: “quería a mi hijo diferente; tenían que matarme a mí”

HIGÜEY. Entre el dolor y el llanto, Yasmín Santana, madre del menor de 17 años ultimado por un policía casi en el patio del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, de esta ciudad, dijo que aunque buscó ayuda para afrontar la situación de su vástago, de todos modos se lo mataron en su presencia.

“Él era malo, pero era mi hijo; busqué ayuda en las autoridades y me lo matan en mis pies”, expresó Santana, en medio de su desesperación. Robert Johnson Santana, su hijo, cumplía medida de coerción por agredirla, y al imponérsele prisión de seis meses intentó escapar y recibió un disparo de un agente de la Policía Nacional. “Le dije que no lo matara y antes el policía decía, ‘llévatelo, que te le voy a dar un tiro’.

Oren por ese policía; yo lo perdono; él no sabe lo que hizo; que no siga matando gente. Yo quería a mi hijo diferente; tenían que matarme a mí”, expresó Santana, desconsolada. Entre lágrimas, repitió las últimas palabras de su hijo: “Mami, mira, me mató; me mató. Y no pude hacer nada para salvarlo; no había tiempo”.

Frente a este tribunal fue donde el policía disparó contra el menor

De su lado, Nilda Santana, tía del menor Robert Johnson, explicó que como familia exigen justicia, porque si le iba a disparar debió hacerlo a un pie, no para matarlo. Dijo que su sobrino era desobediente con su madre, y que cuando quería dinero para “vicios” y no le daba se lo tomaba de una reguera que tiene la mamá. Otros familiares manifestaron que quieren que ese miembro de la Policía Nacional pague por lo que hizo.

Indica que el adolescente estaba preso porque su madre quería darle un castigo, y que no fuera un delincuente. Además, expresaron que él no estaba en la cárcel por robo ni atracos, sino solo “por una sencillez”.

En tanto que Richard Rodríguez, un ciudadano conocido de la madre del occiso, dijo que la Policía está para preservar la vida de los individuos. El menor no estaba armado, no representaba un peligro para el agente policial ni para ninguna de las personas que estaban en el lugar del hecho.

“Es muy lamentable que no se haga justicia contra ese señor; quedaría muy mal parada la Policía como institución. Nosotros como dominicanos nos vemos desprotegidos una vez más”, indicó Rodríguez.

POLICÍA JUSTIFICA A SU AGENTE

El coronel de la Policía Nacional en Higüey, Randolph Ceballos Nivar, lamentó la muerte de este adolescente, a quien calificó como reincidente en el maltrato a su madre, y que el chico había dicho  que si seguía en prisión le quitaría la vida a su progenitora o iba atentar contra su propia vida.

Dijo que en estos casos, durante el procesamiento en la justicia, se le quitan las esposas, y posteriormente, cuando se va a hacer el traslado, se les colocan nuevamente. Subrayó que el menor aprovechó el descuido y se lanzó por una ventana del segundo nivel del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.

Es entonces cuando el miembro de la Policía Especializada del Tribunal de Menores, Johan Andrés Rosario Desamont, le hizo un disparo. El coronel policial dijo que los técnicos están revisando la forma en que impactó, porque al parecer hizo unos rebotes y que por esa razón aún no se ha determinado la causa de la muerte.

Nilda Santana, tía del fallecido.

“Nosotros no podemos permitir que ningún preso se escape. El policía estaba en el desempeño de su función; hizo lo correcto. El mismo se encuentra detenido para fines de investigación, dependiendo el resultado se tomará una medida con el agente policial”.

DERECHOS HUMANOS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó la ejecución extrajudicial que ha llevado a la muerte del menor Robert Johnson. En un comunicado de prensa enviado a esta redacción por la comisión ejecutiva a nivel nacional de esta organización, su presidente, Manuel María Mercedes Medina, dijo que no se sabe hasta cuándo la Policía seguirá cometiendo este tipo de excesos.

“Recordamos que la  ejecución extrajudicial es uno de los crímenes de Estado más graves,   y se define como la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga”, indica la nota enviada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recordó que el joven, estando desarmado, fue ultimado por un tiro a la espalda  mientras se aprestaba a saltar una verja  del tribunal, frente a decenas de personas, incluso su propia madre.

“Una vez más, tenemos que denunciar una muerte innecesaria   y evitable a mano de un miembro de la  Policía Nacional, institución que parece ha dejado de un lado la formación básica de sus alistados sobre el Reglamento Sobre el Uso de la Fuerza y sobre los tratados y convenios internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria”, indica el documento.

Dejó claro que el artículo nueve de dicho reglamento de hecho  dispone que “el uso de armas de fuego se considera fuerza letal, y se le concede a la Policía Nacional cuando la o las personas involucradas son un peligro inmediato para los agentes actuantes o para terceras personas. Dijo que varios testigos presentes al momento del hecho, incluso la madre de la víctima,  informan que el joven no representaba peligro ni por el raso ni por los demás presentes.

“Exigimos, por lo tanto una investigación transparente y exhaustiva, y no nos conformamos que esta sea llevada a cabo de forma individual por la Procuraduría General de la República, sino que se debe designar una comisión independiente de la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe ser parte”, advirtió la entidad.

Dijo que ponen a disposición de la familia su equipo legal para que sean asistidos de forma gratuita, “y por lo tanto  invitamos a los familiares del joven a acercarse con nuestros comisionados de la provincia de Higüey”. Señaló que se dirigen al director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, al procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, “y al mismo presidente de la República, para preguntarles si se están dando cuenta de las muertes y abusos que se llevan a cabo desde las filas de la Policía Nacional o de verdad son ciegos, sordos y mudos frente a esta terrible realidad”.

Dijo que “les preguntamos esta vez  si es que ellos no leen los periódicos o no escuchan los noticieros, porque es un goteo imparable de muertes, abusos, vejaciones, golpizas, maltratos, lo que a diario les cae encima a los dominicanos, sobre todo los de bajos recursos y de sectores vulnerables todos los días”.

En ese tenor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos preguntó igualmente a las autoridades “cuándo decidirán poner fin a todo esto para que ningún ciudadano le deba tener temor a cada policía que encuentra en la calle”. A todo esto, dijeron que “quedamos en la espera de respuestas.

Coronel Randolph Ceballos Nivar, comandante policial de Higüey.

De no obtenerlas anunciamos una visita masiva frente al Palacio de la Policía Nacional donde le pediremos a cada dominicano indignado por esta situación a que nos acompañe ese día”.

REGLAMENTO

El Reglamento Sobre el Uso de la Fuerza de la Policía Nacional, en su artículo nueve, sobre la fuerza letal y el uso de las armas de fuego por parte de los policías. Expresa que la fuerza letal es el nivel de fuerza “intrínsecamente probable” de causar una lesión corporal o la muerte de una persona.

“El uso de armas de fuego se considera fuerza letal y se le concede a la Policía Nacional, cuando la o las personas involucradas son un peligro inmediato para los agentes actuantes o para terceras personas”, dispone el reglamento, que fue aprobado mediante la Resolución 011-14 de la tercera reunión extraordinaria del Consejo Superior Policial, en abril del 2014. La Ley 224 sobre Régimen Penitenciario, en su artículo 89, destaca que  el personal de vigilancia no podrá concurrir a la fuerza ni a la violencia en el tratamiento de los reclusos. Y que se evitará todo exceso y se sancionará a los funcionarios que incurran en ellos con suspensiones de sus empleos por un tiempo determinado o su destitución, según la gravedad del caso.

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