La compra de cédulas, ¿es cosa del pasado, como dijo Danilo Medina?

Verón. – Pese a que el propio presidente de la República, Danilo Medina, dijo el 6 de octubre del 2019 que este fenómeno “ya pasó de moda y que es cosa del pasado”, lo cierto es que la compra de votos es un fantasma que empaña y tergiversa los procesos electorales de República Dominicana.

Así quedó demostrado, una vez más, cuando se celebraron las elecciones primarias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM).

La forma en la que desarrolla esta práctica ha sido de preocupación de diversos sectores de la sociedad civil y hasta de la misma Junta Central Electoral (JCE), ente que ha tenido que lanzar una campaña comunicacional en contra de la venta y compra de cedula de identidad para incentivar una intención del voto.

La novedosa Ley de Régimen Electoral establece sanciones para quienes incurran en esta acción, pero algunas organizaciones y expertos de la materia social y comicial, consideran que en el país hacen falta mayores mecanismos que permitan castigar severamente la venta y compra del documento más importante que obtiene un ciudadano, que es su cedula de identidad.

En los procesos electorales pasados, incluyendo el de pasado 06 de octubre, quedó en evidencia que los candidatos y los partidos políticos se valen cada vez más de los intermediarios y compradores que operan con puntos de compra en los alrededores de los centros de votación. Algunas personas lo hacen de manera más visible desde la propia fila de los electores que esperan para ejercer su derecho al sufragio.

Modalidades

Una de las modalidades más usadas en los últimos años, es la de mandar a votar por las organizaciones políticas consideradas “minoritarias”, que tuvieron que aliarse a las más grandes. Para que sigan siendo validadas en los próximos comicios, se paga los votantes a los fines que elijan a los candidatos que promueven pero en la casilla de ese partido.

A los que se identifican como opositores a una determinada organización, también existe un mecanismo para intentar doblegar esa preferencia. A la persona se le compra su cedula de identidad, la cual es retenida por el gestor durante las horas de duración del proceso electoral y de esta manera impedir que ejerza el sufragio, aunque esta modalidad ha ido perdiendo valor, en virtud que la JCE otorga duplicados del documento.

En el caso de los denominados “votos fieles”, que son aquellos electores que están completamente seguros de los candidatos por los que votará, los partidos trabajan para identificar a este tipo de personas, a quienes solo le garantizan los medios de traslado desde su residencia o lugar donde se encuentren hasta el centro electoral.

Pese a ser votos “duros”, algunos ciudadanos igual no desaprovechan la oportunidad de pedir un “dinerito” por apoyar a un aspirante en específico. También, hay quienes no aceptan ningún tipo de remuneración y votan por el candidato del partido que su criterio le dicta.

Con la implementación del voto automatizado en comicios que de ahora en adelante se celebren en República Dominicana, la comprobación de si votó o no por un determinado candidato es casi difícil.

En años anteriores, con el voto manual, algunos electores no depositaban la boleta en la urna y de manera muy discreta la guardaban para luego, al salir del colegio electoral, entregarla al que paga, quien a su vez la entrega a otro que se la lleva marcada por el partido o candidato.

Los compradores de votos también ejercen una intimidación sobre el que lo vende afirmándoles que se enterarán si vota o no en su centro de votación. El elector no podrá tomar fotografías, ya que el uso de cámaras fotográficas y equipos celulares están prohibidos en la caseta de votación.

Asimismo, el comprobante de voto que emite la máquina tiene que obligatoriamente depositarse en la urna, ya que si se rompe o lo guarda y es llevado consigo, constituye una violación de la ley.

A propósito de la normativa, la Ley 15-19 de Régimen Electoral, establece en el artículo 282, referido a la falsedad en el material electoral, que serán castigados con la pena de seis meses a dos años de reclusión y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público, las personas que en una solicitud de reconocimiento de partido hagan declaración falsa con respecto al número de sus afiliados.

En el numeral 6 de este mismo artículo refiere que estas sanciones incluyen a los que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier medio, a un elector para inducirle a votar de una manera determinada.

Incumplimiento

Carlos Pimentel.

Para el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, el Ministerio Público es la instancia que tiene las competencias para prevenir, investigar y establecer imputaciones vinculadas al delito de compra y venta de cedulas de identidad.

A su juicio, esta institución no ha cumplido con lo que le corresponde ante estos casos y por eso la impunidad en las reiteradas violaciones a la Ley de Régimen Electoral.

“No existen sanciones vinculadas a esta modalidad de lo que es la delincuencia electoral. En ese sentido, la Ley 15-19 que cumple un año precisamente este mes de febrero, ordena la creación de la Procuraduría Especializada de Prevención y Persecución de los Delitos Electorales y pues lamentablemente el propio procurador general de la República ha señalado que en distintas ocasiones los obstáculos que él mismo ha generado, han llevado al impedimento de esta instancia legal”, sostuvo Pimentel.

Explicó que en demarcaciones con gran dinamismo urbano y económico, quienes se dedican a la compra y venta de cedulas de identidad han establecido un valor al voto. “Es decir en Verón-Punta Cana un voto puede fácilmente costar 1,500 pesos o más, pero en Pedernales un voto puede valer unos 500 pesos”, dijo.

Alertó que a pocos días de celebrarse las elecciones municipales, el país aún no cuenta con una unidad encargada de procesar este tipo de delitos. Recordó que en las pasadas elecciones primarias del 06 de octubre, la compra y venta de cedulas fue sumamente evidente y no hubo sanciones a responsables de estas acciones.

El sociólogo Domingo Matías, destacó que estas prácticas que datan de muchos años representan el fomento del clientelismo y la corrupción reinante en República Dominicana.

“El sistema político está fragmentado y contaminado con estas acciones, lo cual es consecuencia de falta de control en estos asuntos, condenados además por la nueva legislación electoral. Un partido no puede prestarse a esto porque estaría en detrimento lo que es su razón de ser”, precisó.

Matías enfatizó que la compra de votos se da en todos los partidos, sin importar que estén o no en el poder. Además, criticó que la falta de contundencia de los organismos encargados de aplicar las sanciones en este tipo de delitos.

“Un alcalde que aspire en Barahona persigue los mismos motivos que un alcalde que aspire en Santo Domingo o en La Altagracia, solo con la diferencia de que a mayor mercado electoral mayor inversión de recursos tiene que hacer”, indicó.

Campaña

La JCE, acaba de inició la campaña de concientización: “Si vendes tu voto, perdemos todos”, dirigida a la ciudadanía para combatir la compra de votos y motivar la denuncia de este delito en los procesos electorales que tendrán lugar en este año 2020.

La campaña contiene mensajes claros y precisos de llamados de conciencia, tales como “si vendes tu voto, perdemos todos”; “mis planes no tienen precio”; “la Patria no se negocia”, entre otros. Esos mensajes son proyectados con la intención de que los ciudadanos piensen, analicen y ejerzan su derecho al voto con conciencia, y denuncien este tipo de delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargos.

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