IURIS: Lo virtual nos cautiva

Eric RodríguezIURIS: Lo virtual nos cautiva

Eric Rodríguez | [email protected]

Respecto de la suspensión del laudo objeto de impugnación el Tribunal Constitucional puntualiza: “El contenido de esta disposición prescribe que los efectos del laudo arbitral se consideran suspendidos desde la notificación de la demanda en suspensión y hasta la celebración de su primera audiencia. De esta norma se infiere que incumbe al presidente de la corte el conocimiento de los méritos de la suspensión. Es decir, que a él corresponde establecer si los efectos del laudo continuarán suspendidos hasta la intervención de sentencia respecto a lo principal, o si por el contrario la ejecución de la decisión arbitral continuará su curso”.

En cuanto al argumento de que la ley de arbitraje contiene vulneración al principio de igualdad por el hecho de que el texto faculta a las partes a renunciar al derecho de impugnar el laudo, el órgano constitucional dice: Este colegiado estima que el derecho a la igualdad no se encuentra comprometido o afectado en la especie, ya que corresponde al legislador la facultad de configurar los recursos y sus características, de acuerdo con la naturaleza de la materia de que se trate. Obviamente, el ejercicio de su función lleva aparejado la obligación constitucional de verificar que, en todos los casos, se respeten las garantías atinentes a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. A juicio de este colegiado, los impugnados numerales 2) y 4) del artículo 40 de la Ley núm. 489-08, sobre Arbitraje Comercial, no crean desigualdad procesal entre los intervinientes en la acción en nulidad del laudo arbitral ni en la demanda en suspensión, a la luz del dictamen contenido en las sentencias TC/0002/14 y TC/0369/16,

En ese tenor, si bien en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a recurrir tiene rango constitucional, su ejercicio está supeditado a la regulación que determine la ley para su presentación, puesto que corresponde al legislador configurar los límites en los cuales opera su ejercicio, fijando las condiciones de admisibilidad exigibles a las partes para su interposición debiendo respetar su contenido esencial y el principio de razonabilidad que constituyen el fundamento de validez de toda norma destinada a la regulación de derechos fundamentales. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional comparada ha dicho que “…es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos -positivos y negativos que deben darse para su ejercicio…”

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