EN BUEN SENTIDO / El costo del voto

ANTONIO CORCINO / [email protected]

El voto como uno de los aspectos de la democracia no tiene precio, pero si un costo, un acto político-ético y moral, un deber social determinado por operaciones económicas para sustentar y doblegar la voluntad de los votantes.

De conformidad a lo establecido en la Ley No.33-18 sobre Partidos Políticos, la que fija los montos a gastar por cada nivel de elecciones. Preliminarmente el Registro Electoral tiene 7,422,416 electores hábiles, y determina los montos para el financiamiento de las campañas, fondos recaudados y gastos financieros y económicos permitidos con el fin de promover candidatos, partidos políticos o políticas en elecciones, actividades de partidos y organizaciones partidistas.

Estos gastos por partido político para las campañas propagandísticas deberán ser RD$122.50 por la presidencia, RD$105 congresuales, RD$87.5 por alcaldes y directores y RD$43.75 por regidores y vocales, sobre la base votantes hábiles inscritos.

Para las convenciones de octubre, las elecciones municipales de febrero y las congresuales y presidencial de mayo de 2020, quienes sufragaran y elegirán a cargos públicos al poder ejecutivo, legislativo y municipal, por ello no se escatimaran esfuerzos y recursos para ganar, beneficiarse, manipular la voluntad como afiliado, simpatizante o elector a seleccionar; pero durante ese trayecto el Estado, los candidatos, los partidos políticos y contribuyentes, parte de estas labores se realizan con fondos públicos sin rendir cuentas, acto contrario a las disposiciones legales, la que obliga a la Junta que se cumpla.

Como el ejercicio de votar y de elegir es una actividad económica en donde el votante está instrumentado para consumir, votar por los candidatos que son producidos, costeados y mercadeados por las dirigencias de los partidos políticos, quienes diligencian y gerencian recursos para cubrir los gastos de las actividades.

Sin embargo, no es descabellado decir que la actividad política es un negocio cruel para la democracia, ya que el voto como validación social, es una mercancía sujeta a la sugestión del mercado y la publicidad electoral, cuyo principio se basa para establecer la estrategia y las tácticas para ganar.

Por su parte, la provincia La Altagracia posee 171,595 y Verón-Punta Cana 23,168 inscritos con derecho al voto, topes ya superados por algunos candidatos. Lo cierto que, esta democracia y el sistema de partido son muy caros e insostenibles.

VER NUESTRO CONTENIDO EN INSTAGRAM