El peligro de Isaías, una tormenta tropical en medio del COVID-19

Punta Cana. – Desde marzo República Dominicana se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus, y hasta la actualidad, las medidas preventivas contra este virus letal han privado a miles de trabajadores formales e informales que pasaron a depender del subsidio del gobierno.

Para ser concretos, a finales de junio ya se hablaba de 150 mil trabajadores cancelados, producto de la paralización económica que hubo en el país. Entre los sectores más afectados está la cosntrucción, turismo, entre otros.

A estos se suman los trabajadores independientes, contabilizados por el Ministerio de Hacienda como 202 mil, quienes fueron incluidos en el programa Pa’Ti recientemente, no como los del sector privado que fueron considerados en Fase 1 y 2.

Esto quiere decir que una gran cantidad de personas depende ahora mismo de las ayudas del gobierno.

De hecho, según uno de los discursos disertados por el presidente Danilo Medina durante la pandemia, el Plan Social de la República tiene capacidad para “servir cada día a 45 mil familias con tres raciones cada una, suficiente para nueve días de alimentación». Para ese entonces aseguró que a ese ritmo cubrirían las necesidades alimenticias de unas «315 mil familias en todo el territorio nacional”.

En este sentido, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), detalló que en enero de este 2020 se entregaron mil 185.4 millones en subsidios a 986 mil 118 beneficiarios del Programa Progresando con Solidaridad (Prosoli).

Siendo esto así, la incertidumbre se manifiesta en quienes reciben estas ayudas en medio de la pandemia, de una temporada ciclónica y de una transición hacia un nuevo gobierno, amenazado por un alto nivel de endeudamiento.

Municipio de San Rafael del Yuma, donde un árbol cayó encima de una motocicleta.

En este sentido, una tormenta o la formación de otra con la posibilidad de convertirse en ciclón, agravaría la situación actual de República Dominicana. Enfrentar dicha problemática se traduce en inundaciones, destrucciones y en el peor de los casos, en la evacuación masiva de personas, con el desafío de respetar el distanciamiento social para no contagiarse de COVID-19.

La preocupación de todo ello se centra en que los daños para repararlos cuestan dinero. La República Dominicana ya tenía a finales de mayo una deuda pública 38 mil 400 millones dólares, equivalentes a un 41.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mismo que no ha percibido grandes porcentajes de ingresos por la crisis que trajo la pandemia.

Todo esto sin contar unos 3 mil 900 millones de dólares más, aprobados como préstamos solicitados a organismos locales e internacionales tales como al Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con esto, es preciso mencionar que para junio, el gobierno avisó que el país ya estaba comprometido con un déficit de 110 mil 251 millones de pesos.

Conforme con todos estos datos, es comprensible que los daños de una tormenta o ciclón representan un peligro escabroso en la economía nacional.

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