Editorial: ¿Estados de emergencias municipales?

En menos de 24 horas, varios ayuntamientos y juntas municipales de distintas partes del país consiguieron que las salas capitulares y juntas de vocales aprobaran el estado de emergencias en sus respectivas demarcaciones.

Sobre esta decisión queremos subrayar varios puntos, que esperamos que en lo adelante sean debidamente aclarados, para evitar confusiones que podrían agravar la intranquilidad que de por sí tenemos con los estragos de esta pandemia.

Los cabildos no han explicado a la población cómo se justifica que habiendo un estado de emergencia nacional vigente se hayan tomado la atribución de invocar una figura constitucional cuya prerrogativa recae únicamente sobre el presidente de la República.

Los alcaldes y directores de juntas distritales, como principales incitadores de estas declaratorias de emergencia, deberían explicarnos cuál es la diferencia entre el Estado de Emergencia consagrado en el artículo 265 de nuestra Constitución para toda la nación, y la emergencia particularizada que desde su punto de vista aplica con carácter exclusivo para el ámbito de sus gobiernos municipales.
Cualquier ciudadano de a pie sabe muy bien que en un estado de emergencia los tomadores de decisiones pueden hacer uso de recursos públicos sin ser sometidos a los rigores de rendición de cuentas que las leyes y la propia Carta Magna establecen para situaciones normales.

Y esta actuación es justificada en el hecho de que, en medio de un estado de emergencia, los eventos de atención inmediata no pueden ser detenidos por la burocracia de aprobación de partidas presupuestales, préstamos o cualquier otra fuente de ingresos que las circunstancias exijan.

Seguiremos atentos.

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