Carcel preventiva de Higuey

Derechos Humanos culpan a la Policía y a la Procuraduría del caos en preventiva Higüey

Higüey. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, filial de la provincia de La Altagracia, exigió de las diferentes autoridades encargadas que dignifiquen y humanicen la vida de los internos de la cárcel preventiva de Higüey. La entidad dijo que en las semanas pasadas; los medios se han hecho eco de sus denuncias “respecto a situaciones extremadamente graves” relacionadas a esta preventiva, “tanto que hemos tenido que definirla como fábrica de muerte”.

Resaltaron que se han dado más de tres casos de reclusos fallecidos por varias razones dentro de ese recinto carcelario. Dijeron que el caso más reciente ha sido el de Francisco Cornelio Cueto, quien fue llevado en graves condiciones al hospital Nuestra Señora de la Altagracia a raíz de una golpiza recibida en la cárcel.

Este hombre falleció luego en ese mismo hospital. “No tenemos temor en calificar estas muertes como crímenes de Estado, ya que el Estado es siempre responsable de la integridad y de la vida de los internos en los centros penitenciarios del país”, indicó la institución defensora de los derechos humanos.

Indicaron que en el caso específico de esta preventiva “responsabilizamos de estas muertes y de las demás situaciones que se dan, tanto a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República”.

Añade que “los días pasados hemos denunciado también un negocio que se da dentro de la misma cárcel por las necesidades de los internos; se les cobra para todo, para ir al baño, para dormir en un lugar más decente, para recibir la comida e incluso para recibir visitas se les está cobrando entre 500 y 1, 000 pesos”, revela la entidad.

Señala que han recibido denuncias de que las autoridades policiales cobran también por cada interno que entra, y les suspenden los traslados a fines de extorsionarlos con sumas que van entre los 10 mil y 12 mil pesos.

Afirman que el negocio rotundo está entre las autoridades policiales a cargo de la preventiva, los encargados de las celdas y los prebostes nombrados por ellos, con la supuesta anuencia y complicidad de las autoridades locales de la Procuraduría General de la República.

“Si bien hoy saludamos los cambios que se han implementado la semana pasada, con el nombramiento del coronel Johnny Soto Abreu y las medidas que se están tomando en estos días, como el traslado de prebostes y la limpieza general y desinfección de las celdas, avisamos que no bajaremos la guardia respecto a esta situación”, advierten.

Exigen también que de igual manera se desmantele el negocio sobre la vida de los internos que allí imperaba, “y a las autoridades locales de la Procuraduría General de la República exigimos que agilicen las audiencias para evitar el hacinamiento y que se activen para una ampliación de dicha cárcel”.

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