Reina Yaniris Rodríguez, fiscal de La Romana.

Denuncias de irregularidades mantienen en la cuerda floja Ministerio Público de La Romana

LA ROMANA. Al Ministerio Público de La Romana le llueven las denuncias de irregularidades, a su procuradora fiscal, Reina Yaniris Rodríguez, a quien se señala de supuestamente no manejar debidamente ciertos casos. Sobre este tema se han pronunciado varios ciudadanos.

Traslado de presos a cárceles de forma irregular, abuso de poder, hechos bochornosos en la cárcel preventiva de la ciudad, entre otras denuncias, son formuladas por diversos usuarios de los servicios que ofrece la Fiscalía.

Una de las denuncias que más revuelo ha causado en las últimas semanas ha sido la presentación de una querella disciplinaria contra la fiscal, por presunta violación de la ley de parte de los abogados Salvador Catrain y Francisco Manzano, quienes dicen que han mantenido durante nueve meses a su cliente, Juan Tomas Richiez Ditren, privado de libertad sin emitir aún medida de coerción.

Abogados de Juan Tomás Richiez, quienes pusieron una querella interdisciplinaria a la fiscal titular Reina Yaniris Rodríguez.

“Que sean efectuadas las investigaciones y diligencias de comprobación necesarias a los fines de que esta Dirección de Persecución del Ministerio Público pueda verificar la existencia de otras faltas conexas cometidas a la fecha por la Reina Yaniris Rodríguez, en su calidad de procuradora Fiscal Titular de La Romana, en el ejercicio de sus funciones, que tengan o no relación con el proceso seguido al señor Juan Tomas Richiez Ditrén”, precisan los abogados.

Sostienen que, en caso de que prospere esta querella, se condene a Rodríguez Cedeño, en su calidad de procuradora fiscal titular de La Romana, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los abogados concluyentes. Indican que supuestamente la fiscal violó el reglamento del Ministerio Público, al apresar a un ciudadano sin orden judicial y violentar derechos fundamentales.

Los abogados alegan que fue arrestado sin ningún motivo y sin orden judicial en su contra, y posteriormente (fuera del plazo constitucional de las 48 horas), se deposita una solicitud de medida de coerción en su contra por parte de la Procuraduría Fiscal de La Romana.

Eso ocurrió en fecha 15 de agosto del 2018, la cual, “por razones ajenas al hoy impetrante, a la fecha, no ha sido objeto de conocimiento y decisión por el Juzgado de Atención Permanente de La Romana, lo cual coloca a nuestro representado una especie de limbo procesal o jurisdiccional”, señalan los juristas.

Traslados de presos

Presos en preventiva La Romana
Presos en preventiva La Romana

Otros de los males que han sido denunciados contra el Ministerio Público de esta ciudad, son los traslados de presos preventivos a diferentes recintos penitenciarios de la región Este, sin alegadamente una orden que lo estipule.

En el mes pasado, era frecuente ver madres de algunos de los privados de libertad en la cárcel preventiva de la Romana por algún tipo de problemas con la justicia, protestando con afiches y letreros pidiendo algún tipo de explicación del por qué el traslado de sus hijos. “Acostumbra a sacar ilegalmente a los presos de aquí y los trasladan a centros muy lejos donde nosotros no podemos visitarlos.

Ella no da respuesta de nada; mi hijo dicen que está en San Pedro y no sé si está comiendo; como está durmiendo allá, no sé porque nadie dice nada”, afirma la señora Rosa Acosta, quien tiene un hijo preso por un caso de manutención. Igual como esta señora se encuentra muchas madres, las cuales suelen presentarse en la explanada de la cárcel preventiva, pidiendo explicaciones sobre el estado de sus hijos, sin ser informadas de lo que ocurre al respecto.

Cárcel preventiva La Romana

Durante los últimos meses, este recinto de reclusión ha estado siendo tendencia negativa en los medios de comunicación, por la sobrepoblación que existe en este lugar, y para muchos es lo más cercano al infierno. Una ola de denuncias es lo que a diario se producen concerniente a los maltratos que reciben los reclusos allí.

Y todavía las autoridades no dan muestras de solucionar dicha situación. Ampliar la cárcel fue una de las metas del 2018 para el Ministerio Público en La Romana, proyecto que se ha quedado a la deriva, y aun no se ha visto una intención real de cumplir con este objetivo.

Los reclusos que llegan allí por cualquier tipo de problemas alegan que son sometidos a maltratos por los llamados “probos”, que no son más que los presos que tienen más tiempo allí y los cuales someten a los nuevos, a cambio de dinero, y donde muchas veces son respaldados por los centinelas.

Supuestamente, a los de nuevo ingreso se les obliga a hacer las llamadas “planchas”, donde cada uno de los reclusos aglomera como sardinas, debido a que no tienen los recursos para pagar por una celda más espaciosa y ciertos privilegios dentro de ella.

Este lugar desde hace mucho se encuentra sobrepoblado y han pasado varias fiscales y los mismos no han podido procurar que sea ampliado, y así evitar el hacinamiento y descontrol que ha tenido, producto de superar la cantidad de personas para la cual fue construida.

Diversidad de opiniones

Raúl Velez, abogado La Romana

El presidente del Colegio de Abogados seccional de La Romana, Raúl Vélez, dijo que debe ser la Procuraduría General de la República quien tome una decisión al respecto sobre los cuestionamientos que se le realizan a la actual fiscal.

“Hay personas que han hecho declaraciones desmedidamente; otros se han abstenido, pero debe ser el procurador quien dé un veredicto final con respecto a lo que está pasando con el Ministerio Público en esta jurisdicción, y si alguien tiene alguna queja, la ley faculta al ciudadano para hacerlo”, puntualizó Vélez.

Personalmente, entiende que ha mejorado significativamente en algunos aspectos dicho órgano de justicia, pero que varios de los que ejercen funciones son abogados y también deben sentir el respaldo del Colegio Dominicano de Abogados.

Según un dictamen de la Procuraduría General de la República, los fiscales tanto titulares como adjuntos no están autorizados a realizar declaraciones a la prensa, y que por tal razón no puede ser posible que se expresen a un caso en específico. Esto para evitar que alegadamente que se entorpezca cualquier proceso que se esté investigando

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