Pornografía en las redes

Advierten de sanciones penales para quienes graben y reproduzcan imágenes de intimidad

Verón. Las redes sociales no sólo sirven como plataforma para que personas comercialicen sus cuerpos y “favores” sexuales, también funcionan como medio para la difamación y difusión de imágenes o videos que afectan la integridad y la dignidad de quienes no aprueban estas publicaciones.

Los casos más comunes de este tipo ocurren cuando personas se dejan grabar en momentos íntimos, y luego esas imágenes son difundidas en distintos tipos de redes sociales, provocando así una ola de comentarios y publicaciones al respecto.

Pero la difusión de ese tipo de materiales está penalizada por las leyes dominicanas. La Constitución Dominicana establece, en su Artículo 44, el derecho a la intimidad y el honor personal, señalando que toda persona tiene derecho a la privacidad.

Este artículo también garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen.

Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. También el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Pese a estos parámetros, algunas personas que utilizan las redes sociales suelen con frecuencia reproducir y reenviar imágenes y videos de terceros, sin saber que incurren en un delito.

QUÉ CONTEMPLA LE LEY

El magistrado fiscal de Bávaro, Jorge Luis Amador, explica que la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología tipifica este tipo de infracciones que tiene sanciones penales establecidas.

Amador explicó que la mayoría de los casos que llegan hasta su despacho son concernientes a la difamación. Sobre esto, el artículo 21 de dicha ley precisa que la difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.

El fiscal invitó a todas las personas que sean víctimas de estos delitos a que formalicen su denuncia, para que el Ministerio Público en coordinación con la Policía, específicamente su departamento de crímenes de alta tecnología, pueda identificar a los responsables de haber divulgado el video sin el consentimiento de las partes.

“La ley no solamente sanciona al que difunde el video por primera vez, sino al que lo distribuye y empieza a compartirlo”, agregó Amador. El abogado José Franco Benítez, de la Oficina Jurídica Franco Benítez y Asociados, manifestó que nadie puede grabar a otra persona sin su consentimiento y que de tenerlo no puede difundirlo por ningún medio sin autorización.

La magistrada Silveria Poueriet, fiscal coordinadora
de la Unidad de Atención a Víctimas en Verón-Punta
Cana.

Benítez precisó que el delito ocurre cuando se exhibe algo para lo que no ha mediado un permiso previo. Recalcó que el daño moral que sufre la persona que es víctima en estos casos es incalculable, por lo que debe asesorarse e ir donde un abogado y obtener las pruebas concretas del agravio, para luego proceder legalmente contra el culpable.

El Código Penal de la República Dominicana señala en su Artículo 337 que se castiga con prisión de seis meses a un año y multa de 25 mil a 50 mil pesos el hecho de atentar voluntariamente contra la intimidad de la vida privada, el o las personas que por medio de captar, grabar o transmitir, sin el consentimiento de su autor, palabras pronunciadas de manera privada o confidencial.

También se castiga de la misma forma captar, grabar o transmitir, sin su consentimiento, la imagen de una persona que se encuentra en un lugar privado. También precisa que cuando los actos mencionados en el presente artículo han sido realizados con el conocimiento de los interesados, sin que se hayan opuesto a ello, su consentimiento se presume.

PRECEDENTES

Personalidades de la vida pública, tanto nacional como internacional, han enfrentado estas situaciones en circunstancias distintas. De alguna u otra forma, se han colado a internet imágenes o videos íntimos que han dado la vuelta al mundo.

Un caso muy sonoro en la República Dominicana fue el de la presentadora de televisión y actriz, Nashla Bogaert, a quien hace algunos años su ex pareja le difundió fotografías de su cuerpo desnudo sin su consentimiento, algún tiempo después de haber finalizado su relación. Bogaert denunció ante la Procuraduría General de la República este caso.

Pero al igual que a ella, otras figuras públicas ligadas al arte y la televisión, como Omega, Venya Carolina y hasta Don Miguelo se han visto involucrados en situaciones similares. A nivel internacional, también se han dado innumerables casos con famosos que han sido víctimas de personas que han difundido sus videos y fotos en situaciones íntimas, dentro de los que destacan la cantante estadounidense Britney Spears, la boricua Noelia, la actriz Paris Hilton, la modelo Alicia Machado y la actriz Michelle Vieth.

TRATAMIENTOS DE CASOS

La magistrada Silveria Poueriet, fiscal coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas en Verón-Punta Cana, precisó que pese a que aquí en la zona no ha tratado esos delitos, a lo largo de su carrera sí ha tenido experiencia al respecto.

Poueriet recordó un caso en especial que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, cuyos responsables fueron condenados y sancionados. La magistrada dijo que ciertamen te estos delitos tienen consecuencias graves, puesto que el hecho punible no está en hacerse el video, sino en la publicación sin consentimiento en las redes sociales.

Destacó que es también considerado como violencia dentro de la pareja publicar un video sin consentimiento del otro, “porque inmediatamente tú no des tu consentimiento se está cometiendo una agresión en contra de tu persona”.

La magistrada comentó que para este tipo de casos la evidencia se recoge a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), además del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional. Indicó que el Dicat está autorizado para sacar todo tipo de información de alta tecnología, para que pueda ser usada por el Ministerio Público como prueba, previa autorización de un tribunal.

La magistrada dijo que este tipo de delitos son muy comunes, pero poco denunciados y que a diario se ven en las redes sociales, aunque no siempre las denuncias llegan al Ministerio Público.

Según Poueriet, estos temas no son denunciados, debido a que las víctimas se sienten avergonzadas, no quieren seguirse exponiendo más de lo debido y hasta sienten que la acusación no pudiera llegar a proceder.

El fiscal Jorge Luis Amador dijo que en la provincia La Altagracia se han trabajado asuntos de este tipo y ha habido condenas ejemplares, tanto como pagos de multas e imposición de prisión.

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