TURISMO Y SOCIEDAD / La peligrosa ley de lavado de activos

Rafael Barón Duluc.

Rafael Barón Duluc / [email protected]

El 31 de mayo de 2017 fue promulgada la Ley No. 155-17, Contra Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Dicha ley sustituye la No. 72-02 del 26 de abril del 2002 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, así como la Ley 480-08, del 12 de diciembre del 2008, de Zonas Financieras Internacionales en la República Dominicana.
Hemos visto como las instituciones públicas y algunos entes privados han estado celebrando la promulgación de esta importante y trascendente ley, pero nadie, hasta el momento, se ha referido a los peligros y a las injusticias que, en un país de instituciones débiles y con un Ministerio Público con deficiencias notorias y aun dependiente del poder político, una mala, injusta o abusiva aplicación de la misma, pueda acarrear.
En esta ley se amplía considerablemente los diferentes tipos de infracciones que son considerados como punto de partida para la configuración del delito de lavado de activo, en su artículo 2 se enumeran los siguientes: El tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas; cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo; tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales; trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo, tráfico ilícito de órganos humanos, tráfico ilícito de armas, secuestro, extorsión; falsificación de moneda, valores o títulos; estafa al Estado; concusión; tráfico de influencia; prevaricación y delito cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; soborno transnacional; delito tributario; estafa agravada; piratería; delitos contra la propiedad intelectual; delito ambientales; enriquecimiento no justificado; falsificación de documentos públicos; falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas; tráfico ilícito de mercancías, obra de artes, joyas y esculturas; robo agravado; delitos financieros; crímenes y delitos de alta tecnología; uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación de mercado.
Establece la ley, en su artículo 3, que la persona que adquiera, posea, administre o utilice bienes, a sabiendas de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes, será sancionado con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o ser contratados por entidades de intermediación financieras, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.
Asimismo, la persona que asista, asesore, ayude, facilite, incite o colabore con personas que estén implicadas en lavado de activos para eludir la persecución, sometimiento o condenaciones penales, será sancionada con una pena de cuatro a diez años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, así como las demás penas accesorias referidas en el párrafo anterior.
Dichas disposiciones son altamente subjetivas y abarcadoras, donde podrían verse involucradas terceras personas, las cuales podrían sufrir daños irreparables por excesos e injusticias de parte del sistema judicial. A todo esto, podríamos añadir que es un buen motivo de debate, determinar hasta qué punto dicha ley no es contraria a los principios constitucionales de “Seguridad Jurídica”, “Presunción de Inocencia”, “Personalidad de la Pena”, entre otros. Todos estos son puntos que deben ser analizados y debatidos profundamente por la clase jurídica nacional.