TURISMO Y SOCIEDAD / La gran estafa al pueblo dominicano

Rafael Barón Duluc.

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En días pasados, mientras estábamos concentrados con el paso del huracán María por nuestro país, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, Adocco, solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes la revocación de la Resolución No. 365, emitida por dicho Ministerio en fecha 30 de diciembre del año 2015.
En la Resolución impugnada por Adocco, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispuso aumentar, el valor cargado al componente del flete dentro de la fórmula de Precio de Paridad de Importación (PPI), del Gas Licuado de Petróleo (GLP), establecido en US$205.50 por Tonelada Métrica, por la Resolución 7, de fecha siete de enero del 2013, que había modificado la Resolución No. 309 Bis, de fecha nueve de septiembre del 2011 que fijó el valor cargado en US$135.50, para que en lo sucesivo rija el valor de US$225.50 por Tonelada Métrica, como actualmente está.
Si esto es así, tal como ha denunciado Adocco, estamos ante una franca violación a la Ley No. 112 de Hidrocarburos y los diferentes reglamentos que fijan los parámetros sobre los cuales se deben establecer los valores de flete y operación de las terminales, como se desprende del Principio de Paridad de Importación, violación legal y constitucional en perjuicio de todo un pueblo, que ha tenido que pagar más de RD$15.00 pesos por galón de GLP, por encima del precio real, a beneficio cuasi exclusivo de una empresa privada que importa la mayoría del GLP del país.
El Control de la Legalidad de la Administración Pública y el principio de la Supremacía Constitucional, obliga a que ninguna resolución pueda ser contraria a la Ley y mucho menos a la Constitución. Asimismo, el artículo 138 de nuestra Constitución cuando se refiere a los principios de la Administración Pública establece lo siguiente: La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado.
El Principio de Juridicidad, llamado usualmente como Principio de Legalidad, es el principio fundamental aplicable al Derecho Administrativo y a las buenas prácticas de la Administración Pública, el cual consiste en el sometimiento de la Administración Pública a la Ley y al resto del ordenamiento jurídico. Por ello, este principio impone que ninguna actuación administrativa puede quedar al margen del derecho, sino que, precisamente, debe estar dentro de él y de acuerdo con él.
Este es un hecho que debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias, no debiendo limitarse el resultado de dicha investigación a la revocación de la referida Resolución, sino, que de ser todo esto cierto, hacer que dicha empresa beneficiada, le devuelva al pueblo dominicano, los miles de millones de pesos, que dicha abusiva, injusta e ilegal medida le ha engrosado sus arcas y que a los funcionarios que propiciaron esta “Gran Estafa al Pueblo”, les caiga todo el peso de la Ley.