SIN TAPUJOS / Silencio comprometedor

Oscar Quezada / [email protected]

Todavía subyace el fuerte rumor de que la Junta Municipal benefició con millonarias obras a personas políticamente ligadas al director distrital, Ramón Ramírez (Manolito). Y, sin embargo, no ha sido suficiente para que esa institución publique el listado completo de las empresas que participaron en una convocatoria de la que poco o nada se conoce públicamente.

Pero veamos el debate con calma, atendiendo sólo a un interés meramente didáctico, para que la gente entienda y ejercite el derecho constitucional de empoderarse y exigir rendición de cuentas.

La historia surge a raíz de la escasa información que se tiene de este proceso de adjudicación de obras municipales. Visto así, lo correcto es ceñirnos a las exigencias legales, para evitar que la pasión avasalle la razón.

En el caso que nos ocupa, nos auxiliaremos de la Ley de Contrataciones Públicas (340-06). Bien. El director distrital arguye que no se tratan de obras que impliquen altas cifras, por lo que no hubo necesidad de una licitación pública, y por ende no fue menester publicar la convocatoria en medios masivos de comunicación.

Ese es el argumento esgrimido a brazo partido por el señor Ramírez. Y es cierto. La Ley 340-06 establece varias modalidades de adjudicación de obras, bienes y servicios, y como la licitación pública es una de ellas la propia legislación define la forma en que debe hacerse la convocatoria.

La historia surge a raíz de la escasa información que se tiene de este proceso de adjudicación de obras municipales.

Parafraseando a Ramírez, dado que ninguna de esas obras excede los 322 millones de pesos, la Junta Municipal se acogió a la modalidad de comparación de precios.

Esta modalidad se rige por un manual de procedimiento (y los técnicos de la Junta Municipal lo conocen bastante bien), que en el apartado 03.01establece que “la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones debe proceder a realizar una amplia convocatoria a través del portal institucional”, a los fines de mover el interés del mayor número de oferentes.

Parece claro, pues, que la comparación de precios, igual que el resto de las modalidades contempladas por la Ley 340-06, exige una “amplia” convocatoria, que deberá hacerse a través del portal institucional de la entidad ofertante.

Esto es lo que se le pide a la Junta Municipal, que diga cuándo se hizo esta convocatoria en su portal institucional www.avpc.gob.do, como manda la ley para el procedimiento de comparación de precios, que fue el elegido para estas adjudicaciones.

Sólo se conocen las empresas que de buenas a primeras resultaron favorecidas, más no el resto que se asume compitieron atendiendo al principio de igualdad y transparencia.

Callar por más tiempo esta información de utilidad suprema despierta la legítima sospecha de que la Junta Municipal, por culpa u omisión, se saltó el procedimiento y carece de argumentos para defender una postura pública legalmente convincente. Así de simple.