A cada uno de los menores de edad en conflicto con la ley, se les garantiza el debido proceso, mientras es procesado por la justicia como parte del cumplimiento de la pena.

Justicia en La Altagracia procesa cada mes 25 delitos cometidos por menores

Julio González. 

HIGÜEY. La delincuencia juvenil es un fenómeno que crece cada día más en la República Dominicana y en el resto de América Latina. Es una de las acciones socialmente negativas que contradicen la ley y las buenas costumbres establecidas como pautas de comportamiento colectivo.

Los atracos y robos a mano armada, cometidos por niños entre 12 y 17 años de edad son alarmantes. Según datos del Departamento de Estadísticas de la Procuraduría General de la República, un 34%, aproximadamente, de los hechos delictivos cometidos por menores de edad corresponde a robo agraviado, y un 32% a homicidios, siendo las infracciones más comunes en la población adolescente. La provincia La Altagracia no es la excepción.

La magistrada Rocío García, fiscal titular de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial de La Altagracia, explicó que los casos más comunes que atienden en esta jurisdicción son los tipificados en la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, además de robo y hurto.

Destacó que en los menores la justicia aplica el mismo procedimiento que se le realiza a un adulto, luego de un plazo de 48 horas para que el Ministerio Público presente al adolescente en conflicto con la ley ante un juez, y posteriormente tomar una medida de coerción, que en lo único que se diferenciaría es en el plazo que es de menor periodo.

“Tenemos 30 días para desarrollar la investigación, presentar o no una acusación formal, realizar una audiencia formal donde pudieran presentarse pruebas suficientes para llevar al joven a un juicio de fondo, determinándose si el menor es responsable del hecho o no, a través de una imputación”, precisó García.

Asimismo, indicó que mensualmente atienden un promedio de 25 casos de menores en conflicto con la ley, los cuales se les brinda la debida atención, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano. Señaló además, que articulan esfuerzos con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a objeto de reforzar las labores preventivas y garantizar los derechos fundamentales de los menores.

Causas

El abogado Esteban Ceballos expresó que la incidencia de jóvenes en delitos comunes está asociado a los valores y la formación recibida en el núcleo familiar, lo cual indica una falta de protección por parte de los padres puesto que son hogares disfuncionales, compuestos en su mayoría, por madres solteras quienes dejan a sus hijos solos buena parte del tiempo.

Ceballos consideró que desde el punto de vista legal no es conveniente hacer reformas a las leyes que rigen las sanciones delictivas en adolescentes para un mayor tiempo de condena, porque a su juicio existen elementos suficientes comprobados a nivel internacional que más importante es el tratamiento del joven para una posterior reinserción social.

“Eso es lo significativo de todo esto, que ese menor de edad pueda convertirse en alguien productivo y pueda servirle a la sociedad. El gran problema en la República Dominicana es que a ese adolescente en conflicto con la ley se le trata como un mayor de edad y no se le da la debida atención que merece para que sea una persona reformada para el bien común”, manifestó Ceballos.

De su lado, la psicóloga Raquel Polonia, del Ministerio de la Mujer, sostuvo que cada día aumenta el número de madres que están fuera del hogar por tiempo prolongado, así como las que se encuentran cumpliendo las labores de crianza solas, lo cual incide directamente en una inadecuada supervisión y formación en los niños.

“La carencia de tener ambos presentes en su vida puede dar pie a demasiadas libertades durante ese tiempo que nadie le está supervisando y sale a la calle donde puede ubicar malos ejemplos, puntos de drogas y malas influencias de jóvenes que han desertado de la escuela y hasta en peores condiciones que constituyen muy malos ejemplos”, argumentó la especialista.

Polonia añadió que este tipo de situaciones conllevan generalmente al menor de edad a incursionar en acciones delictivas violatorias de la ley, además de que ven como una opción más fácil de sostenerse económicamente el robo de pertenencias, puesto que pueden sentirse independientes de los padres.

Igualmente, resaltó la profesional de la conducta humana, que la falta de oportunidades es otro factor que puede generar en interés en muchos de los jóvenes para adentrarse en conflictos con la ley porque sienten que puede ser rentable y con ciertas facilidades. “Creo que el adolescente que quiere y esté enfocado puede salir adelante sin necesidad de caer en situaciones lamentables como estas.

Si algo maravilloso que tiene el ser humano es que puede generar cambios, tan solo esa persona quiera y esté dispuesta; lo importante es que ese jovencito reconozca que no está haciendo las cosas bien y que el camino que está transitando no le va a llevar a un buen futuro”, subrayó Polonia.

Prevención

Como una manera de minimizar los impactos de infracciones a la legislación vigente por parte de los menores y contribuir al resguardo de estos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en sus siglas en inglés, colabora en la República Dominicana con el Programa de Protección de la Niñez y la Adolescencia.

Esta iniciativa tiene el propósito de desarrollar capacidades de las instituciones nacionales y locales del sistema de protección para lograr que el derecho de niños, niñas y adolescentes estén preservados contra la violencia, el abuso, la explotación, trata y tráfico. También para asegurar su derecho a la identidad, a vivir en familia y al debido proceso en casos de conflicto con la ley penal.

El organismo apoya al Conani, al sistema judicial, a la Junta Central Electoral, a los gobiernos locales y a las organizaciones no gubernamentales, en todos estos esfuerzos. Además, al Congreso Nacional para impulsar iniciativas de reforma legal al sistema penal juvenil, manteniendo los estándares internacionales de cumplimiento de derechos.

Igualmente, brinda herramientas necesarias a la Comisión de Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes (CEJNNA), para la implementación del sistema penal adolescente; el seguimiento a las condiciones de internamiento de menores en conflicto con la ley penal, y la implementación de medidas alternativas a la privación de libertad.