Obras Junta Municipal Verón-Punta Cana

Junta Municipal Verón-Punta Cana adjudicó obras sin publicar convocatoria ni las empresas participantes

Julio González [email protected]

Verón. La Ley 340-06 define una licitación pública como un proceso de adquisición regulado por la legislación de compras para instituciones del Estado, mediante el cual se invita, de manera amplia y abierta, a participar en la adquisición de un bien, servicio o contratación de una obra, de características específicas necesarias para el buen funcionamiento de los entes estatales, tanto centralizados como descentralizados.

Pero la situación en el Distrito Municipal Verón-Punta Cana parece ser otra, en cuanto a la forma y el fondo de este procedimiento legal. Actualmente, en esta demarcación se desarrolla un conjunto de obras de gran envergadura para la municipalidad plagadas de inconsistencias legales, sobre todo en lo que respecta a los procesos de publicación y selección de los oferentes.

Una de estas obras es el proyecto de construcción del nuevo cementerio del distrito turístico, que mediante el acta CP-O-01-17-ADMTVPC, de fecha 17 de febrero de 2017, emitida por la Comisión de Compras y Licitaciones, se adjudica como contratista a la empresa “Inmobiliaria N&G, E.I.R.L”.

El documento refiere que esta obra fue aprobada de acuerdo al informe presentado por el ingeniero Sacco Vanzetti Amaury, asesor técnico e inspector general de la obra, sobre la evaluación del presupuesto demostrado.

Esta empresa, a la cual se le otorgó el contrato administrativo de la construcción del Cementerio Municipal de Verón, ejecutará los trabajos por un monto de RD$ 5 millones 937 mil 792. En el acta de concesión hay una serie de considerandos en los que, supuestamente, se tomaron en consideración factores como precios, calidad e idoneidad del contratista, convenientes para “preservar” los intereses institucionales, aunque estas informaciones no fueron informadas en detalles a la comunidad.

IRREGULARIDADES

Lo primero que establece la Ley 340-06 son los procedimientos de selección a los que estarán sujetas las contrataciones. El artículo 18 de este texto legal expresa que si se trata de una licitación pública “la convocatoria para presentar ofertas en estas licitaciones deberá efectuarse mediante la publicación de avisos en la gaceta oficial y en dos diarios de mayor circulación del país, por el término de tres (3) días, con un mínimo de veintidós (22) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación”.

Además, en su artículo 54 refiere que “la convocatoria se realizará a través de los medios de amplia difusión nacional, y si la licitación es internacional se utilizará un medio conocido internacionalmente, por lo menos en tres publicaciones continuas o máximo dentro de un período de diez días; el Órgano Rector de la Contratación y Concesiones, divulgará la convocatoria en la página web”.

Sin embargo, esta disposición no fue cumplida para el contrato administrativo de la construcción del Cementerio Municipal de Verón, y tampoco para el resto de las obras que ejecuta la Junta Municipal, así como los servicios que contrata, lo cual deja ciertas interrogantes sobre los criterios de selección aplicados por la Comisión de Compras y Licitaciones del cabildo.

Igualmente, el pasado 21 de febrero, a través del acta CP-SNC-01-17 ADMTVPC, la Junta Municipal adjudicó como contratista a la empresa GBN Comunicaciones e Imágenes S.A”, para la producción y colocación de publicidad en el Distrito Municipal Verón-Punta Cana, por un monto de RD$ 2 millones 159 mil 400, sin cumplir con lo establecido en la normativa sobre los procesos de selección de oferentes. En ninguna de estas concesiones se cumplió con el mandato legal de publicar la convocatoria en medios de difusión masiva. Por esta razón, hasta el momento se desconoce cuá- les fueron las demás empresas que compitieron con las compañías ganadoras por la adjudicación de estas obras.Obras Junta

Otra de las irregularidades detectadas en las licitaciones que se han hecho desde la Junta Municipal es la presunta compra de materiales diversos para la reparación de un edificio, por un monto de RD$ 968, el día 26 de enero de este año, cuyos insumos fueron adquiridos a la empresa “Edy Deco-Drywall SRL”.

Esta empresa, a pesar de que el contrato de licitación se publicó en la página web www.comprasdominicanas.gov.do, no aparece registrada como proveedor del Estado, lo cual constituye otra grave violación a la normativa que regula las contrataciones públicas. “Edy Deco-Drywall SRL tiene el RNC 131036589, y también construye una cancha de baloncesto y volibol en el sector La Antigua, en Verón, también con fondos de la Junta Municipal.

Según la organización Transparencia Internacional Capítulo República Dominicana, el primer paso legal que debe dar un gobierno municipal es la publicación de los procesos de contratación en los medios de comunicación social, lo que garantiza principios como la igualdad y la libre competencia entre los oferentes participantes.

El representante en el país de esa organización, Carlos Pimentel, sostuvo que en los ayuntamientos el riesgo es significativo, puesto que los niveles de supervisión son más limitados, aunado a las debilidades institucionales.

Carlos Pimentel
Carlos Pimentel, representante de la organización Transparencia Internacional Capítulo República Dominicana.

A juicio de Pimentel, si una Junta Municipal no cumple con estas disposiciones la Ley 340 refiere una serie de recursos que indicaría diversas sanciones; así como prevé la impugnación por parte de los oferentes que participaron en el proceso. “Lamentablemente, para estos casos hay una alta impunidad en el país.

Desde mi perspectiva los ayuntamientos son los entes del Estado dominicano que presentan más bajo cumplimiento de la ley que rige la materia”, consideró. Preciso, además, que uno de los factores para que se den las condiciones de estas irregularidades es el clientelismo, considerado como un ente negativo a la labor de transparencia en el ejercicio de control de los organismos públicos.

“CUMPLEN CON LOS PROCESOS”

En la Consultoría Legal de la Junta Municipal Verón-Punta Cana afirman que los trabajos sometidos a licitación son los que se encuentran aprobados y presupuestados en base a lo establecido en el Decreto 15-17, que contiene una serie de normas para el cumplimiento y control del gasto público.

Es decir, que una obra se ejecutará cuando existan fondos debidamente aprobados y contratos en regla. El asesor jurídico de la Junta Distrital, Luís Manuel del Río, acotó que una de las condiciones que tiene que reunir una empresa para que puedan darle “el visto bueno” para una licitación, es ser proveedor del Estado, tener al día su registro como distribuidor y cumplir con sus obligaciones tributarias.

En torno al seguimiento, Del Río aseveró que cuentan con peritos o supervisores de obras, que deben ser ingenieros o arquitectos y contar con un comité de obras y contrataciones.  “Los trabajos presupuestados son aprobados por la Sala Capitular, a través de ese Comité de Compras y Contrataciones”. Pero a pesar de las versiones oficiales en torno al tema y la “transparencia” en las licitaciones, la Junta Municipal Verón-Punta Cana carece de herramientas comunicacionales que coadyuven al cumplimiento de lo establecido con la Ley 340-06.

A pesar de que la Junta Municipal ha publicado en la web de Compras Dominicanas parte de las obras que actualmente desarrolla en el distrito municipal, no cumple con la disposición de hacer pública estas ofertas de licitación en los medios de comunicación social locales y nacionales. Y por esto muy pocos saben quiénes son las empresas ganadoras y los términos tomados en consideración para adjudicarles obras millonarias.