Higüey vuelve aclarar a juntas municipales que solo ellos tiene facultad para cobrar arbitrios

Alcaldesa del municipio, Karina Aristy, y al director municipal de Verón-Punta Cana, Ramón  Ramírez.

Verón. Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Higüey ha reiterado este miércoles a las juntas distritales que estas no tienen para cobrar los arbitrios por las construcciones y uso de suelo.

Según un comunicado del Departamento de Planeamiento Urbano, difundido por sus redes sociales, la entidad reiteró a las juntas que “no tienen competencia legal para otorgar autorizaciones de no objeción de uso de suelo, como tampoco tienen facultad para establecer arbitrios”.

También, les advirtió a las personas que pretenden construir que los permisos que no sean obtenidos en el municipio cabecera podrán ser anulados.

Aclaró que lo planteado está en la Ley 6232 del año 1963 sobre planificación urbana, la Ley NO. 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios y la sentencia TC/0152/13 del Tribunal Constitucional.

División Higüey-Verón en cobros de arbitrios

El año pasado, la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, y al director municipal de Verón-Punta Cana, Ramón (Manolito) Ramírez tuvieron diferencias con el manejo de los recursos económicos que se generan en el distrito turístico por concepto del cobro de impuestos municipales.

En Verón-Punta Cana se generan millones de pesos mensuales con los levantamientos de nuevas construcciones, principalmente en el sector turístico.

Actualmente, el Distrito Municipal Verón-Punta Cana se beneficia de un acuerdo de mancomunidad que sirvió de salida salomónica a este conflicto de años, aunque sin negociar que sea Higüey que cobre los arbitrios. Se trata del denominado pacto municipal conocido como “50-50”, que distribuye los beneficios del cobro de arbitrios en partes iguales, para Higüey y Verón-Punta Cana.

En aquel momento, Higüey aclaraba que solo ellos tienen esa facultad. 50”, que distribuye los beneficios del cobro de arbitrios en partes iguales, para Higüey y Verón-Punta Cana.

Este acuerdo plantea la distribución en la misma proporción de los recursos generados por emisión de permisos para las construcciones y uso de suelo, y del 3% que paga el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM).