Fin del conflicto: declaran “nula” creación de una nueva ruta de transporte en La Romana

Edgar Moreta / [email protected]

LA ROMANA. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intrant) declaró “nula” la creación de la Ruta “C” en esta ciudad, debido a que dicho organismo es el que está legalmente autorizado a aprobar nuevas rutas del transporte público, y no los ayuntamientos ni ninguna otra institución.

La decisión fue informada tras una correspondencia enviada por los dirigentes choferiles de las rutas “A” y “B”, quienes desde el principio se opusieron a esta iniciativa, por considerarla ilegal y perjudicial para los corredores ya existentes. En la misiva, el Intrant explica las atribuciones y requerimientos para otorgar los permisos correspondientes para iniciar un nuevo corredor.

El documento emitido explica que la nueva ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ( 63-17), la cual entró en vigencia desde marzo de este año, cita en su artículo 9 que ningún Ayuntamiento ni otra institución ligada al sector transporte tiene facultad para crear nuevas rutas del transporte.

“Tomando en consideración que la nueva ruta fue aprobada luego de promulgada la ley, violando las disposiciones previstas en los artículos antes mencionados, esta ordenanza no tiene validez legal”, indica la misiva enviada a dichas rutas por la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), que hasta tanto no se haga el proceso de fusión y transición al Intrant sigue regulando este tipo de conflictos. En el mismo artículo 9, dice que los ayuntamientos en conjunto con el Intrant deben planificar y diseñar mecanismos que sirvan de ayuda para la oferta y demanda de los usuarios.

Por lo tanto, califica como “nula” la aprobación a unanimidad de dicha ruta, el 15 de marzo de este año por el Consejo de Regidores de esta ciudad, ya que ellos no tenían la facultad legal para hacerlo. Este conflicto puso de frente al gobernador Teodoro Ursino Reyes y al presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento, Ramón Rosario.

El representante del Poder Ejecutivo amenazó incluso con retener los vehículos que fueran encontrados dando servicios en suprimida Ruta C. Por otro lado, Ramón Rosario expresó que la medida que se tomó fue totalmente apegada a la ley, y pidió pruebas al gobernador de los “supuestos sobornos” para aprobar dicha ruta, y que se dijo habrían cobrado los regidores.