El mayor general Bautista Almonte tiene gran experiencia en materia de investigación criminal.
El mayor general Bautista Almonte tiene gran experiencia en materia de investigación criminal.

Un escenario adverso recibe al nuevo jefe de la Policía

SANTO DOMINGO. Si de algo ha de estar plenamente consciente el nuevo director general de la Policía Nacional, el mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, es de que tendrá mucho trabajo por delante, principalmente con la encomienda presidencial que lleva consigo ese cargo: ponerle freno a los altos niveles de inseguridad que hace rato arrebataron la paz pública a los diez millones de ciudadanos que habitan esta media isla.

Bautista Almonte sustituye al mayor general Nelson Peguero Paredes, puesto inmediatamente en retiro, y quien a juzgar por las estadísticas sobre muertes violentas, asaltos y robos dondequiera y sin importar hora, deja sus funciones con pocos logros para exhibir. Su gestión terminó con más penas que gloria.

En el extremo opuesto, el mayor general Bautista Almonte, más conocido por su primer nombre, tiene fama de ser un “sabueso” en materia de investigación criminal, aunque siempre se ha manejado con bajo perfil, característica principal de quienes realizan esa labor.

Precisamente, cuando fue llamado para ocupar el cargo más codiciado dentro de la Policía Nacional, Ney se desempeñaba como director de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Mayor general Ney Aldrin Batista Almonte
Mayor general Ney Aldrin Batista Almonte

Ya antes había sido director de la Policía Preventiva y de Inteligencia Delictiva (Dintel), responsabilidades que le permitieron acumular la experiencia requerida para servir en el más alto escalafón de su profesión.

Pero ahora su reto es mayor. Deberá enfrentar no sólo una delincuencia implacable y dispuesta a no dar su brazo a torcer, sino también el pesimismo de una sociedad que desconfía de la institución garante del orden público. Y también frustrada ante los distintos planes oficiales de combate al crimen, para sofocar fuegos coyunturales, siempre que la inseguridad alcanza sus puntos más álgidos.

Este es el escenario que dará la bienvenida al jefe policial nombrado con el nombre de director general de la Policía Nacional, luego de la modificación congresual a la ley orgánica (590-16) de esta institución.

Cifras de homicidios con voz propia

Cuando el presidente Danilo Medina asumió por primera vez el mando presidencial, en agosto del 2012, la espeluznante combinación violencia-delincuencia y criminalidad sumaban 2,268 homicidios, ocurridos en toda la geografía nacional.

A esa primera gestión del presidente Medina esta cifra no debía sorprenderle, porque era el resultado de una cotidianidad marcada por los hechos criminales más abominables jamás acontecidos en la era democrática de República Dominicana.

Así las cosas, un año antes de aquel primer gobierno del actual presidente, en el 2011, los muertos por homicidio fueron 2,517, de personas muertas a balazos y con armas blancas, la mayoría. Tanto en su discurso de campaña, en su juramentación como primer mandatario y en su alocución al país por sus primeros 100 días de Gobierno, Medina prometió ponerle fin al temor que infunde el crimen en la gente.

Entonces se retomaron los debates sobre la reforma policial y la necesidad de articular un plan de seguridad ciudadana más efectivo y menos bulloso que el fracasado Plan de Seguridad Democrática, ideado por su predecesor, el expresidente Leonel Fernández.

Luego de infructuosos esfuerzos por lograr acciones coordinadas, con ideas y propuestas multisectoriales discutidas en foros, seminarios y cumbres, la primera semana de noviembre del 2012 el otrora ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul (Monchy), anunció otro de los varios planes anticrimen diseñados por las autoridades.

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El Plan de Seguridad Democrática recibió el apoyo irrestricto del Gobierno, que gastó miles de millones
de pesos para su ejecución.

El plan de Danilo se llamaría “Vivir Tranquilo” y reemplazaría al “Barrio Seguro” de Leonel, que era el brazo operativo del Plan de Seguridad Democrática que no cumplió las expectativas que las propias autoridades se esforzaron en crear en la sociedad dominicana. El miedo y preocupación seguían invariables en la población, y en vez de reducir aumentaban, hasta el sol de hoy.

“No quiero un pueblo con miedo de salir a las calles; no quiero más jóvenes que pierdan la vida. Ni más hogares destruidos por la violencia”. Con estas palabras ante la Asamblea Nacional Danilo dejó ver su voluntad de aplastar al monstruo de mil cabezas llamado delincuencia, aquel memorable 16 de agosto del 2012.

Sus expresiones arrancaron aplausos en cada rincón del país, porque en ese momento Danilo simbolizaba un halo de esperanza en un pueblo donde nadie se siente seguro ni en sus propias casas.

Pero ese optimismo duró lo mismo que cucaracha en gallinero. No pasaron muchos días para que la criminalidad rampante se encargara de echar lodo a las promesas del señor presidente. Las cifras oficiales adquirieron voz propia y sonaron con irrefutable contundencia.

El año siguiente del su Gobierno, en el 2013, cuando se esperaba que las cosas en materia de seguridad ciudadana iban a mejorar, ocurrieron 1,991 homicidios, según informes del Observatorio de Seguridad Ciudadana, órgano coordinado por el Ministerio de Interior y Policía.

Ese año, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se situó en 20.3%. En el 2014 se produjeron 1,813 homicidios, con una tasa de 18.3 %, y en el 2015 hubo 1,675 casos, para una tasa de 16.8 %.

En el 2016 murieron de esa forma 1,613 dominicanos, y en los tres primeros meses de este 2017 ya van 406, de acuerdo al portal de estadísticas de la Procuraduría General de la República.

Fracaso tras fracaso

El Plan de Seguridad Democrática fue el buque insignia del segundo mandato de Leonel Fernández (2004.2008). Su gobierno sabía que la situación era difícil y debían emplearse a fondo para vender la idea de que el éxito de Barrio Seguro estaba garantizado.

Pero el aumento estrepitoso de homicidios, asaltos, el narcotráfico, muertes por encargo, secuestros y enfrentamientos entre vándalos decían todo lo contrario. Ese contexto cuestionaba los objetivos básicos de un proyecto que en principio generó confianza entre los dominicanos.

Por esa razón, la incidencia del Plan de Seguridad Democrática en la reducción del crimen callejero y organizado no surtió el efecto esperado y proyectado. En la práctica, resultó irrelevante e insuficiente para devolverle la paz a los dominicanos.

Y pensar que en su discurso para posesionarse como presidente, Leonel Fernández también se había comprometido con su pueblo a “pulverizar” el crimen en el terreno escogido por los delincuentes. Pero en el 2005, el primero de “Barrio Seguro” y de su segundo mandato, culminó con 2,382 homicidios, según el informe sobre Evolución de Muertes Violentas en el País, preparado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). El año siguiente de la puesta en vigencia de este plan, en el 2006, se produjeron 1,934 homicidios. La gran mayoría de las muertes violentas de este año fueron por armas de fuego, según las memorias depositadas por la Policía en el Congreso Nacional.

Los heridos por ese motivo sumaron 5,423. Los años subsiguientes, 2007, 2008 y 2009, registraron una sumatoria de 6,779 homicidios, según la ONE, equivalentes a una media de 2,260 muertes por año, menos que las registradas cuando inició el Plan de Seguridad Democrática, pero igual de alarmantes y reflejo de los niveles de inseguridad reinantes en ese momento.

En el 2010, sin embargo, se registraron 2,495 muertes violentas, 113 más que el año del arranque del Plan (un 4,5% más respecto a 2005). De acuerdo con la Procuraduría General de la República, en 1,618 de esas muertes se usaron armas de fuego. El Gobierno dedicó 120,000 millones de pesos entre 2005 y 2010 para obtener una reducción aceptable de homicidios, que en ese lapso no alcanzó el 4%.