ENFOQUE LEGAL / Control preventivo interno y más certidumbre

Enrique Segura Quiñones.

ENRIQUE R. SEGURA QUIÑONES / [email protected]

Recientemente el poder ejecutivo emitió el decreto marcado con el número 15-17, instrumento que viene a proveer al control interno del gasto público de más eficiencia, transparencia y calidad. Este acto presenta una mayor función interventora administrativa y un control preventivo de legalidad.
En efecto, este decreto no solo proyecta mejoras para el control interno del gasto público, permite, además, certidumbre en relación a la seguridad y a los tiempos razonables dentro del sistema de pagos, para quienes proveen bienes, servicios, obras y concesiones al Estado, en operaciones o transacciones que tengan apropiación presupuestaria programada y comprometida. Lo anterior observando, que la ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, establece en su artículo 44 que las apropiaciones presupuestarias en ningún caso constituyen un derecho adquirido, dado que las mismas estarán sujetas a la disponibilidad efectiva de los ingresos estimados.
Las instrucciones de este decreto tienen grado de ejecutividad para todos los entes y órganos de la Administración Pública. Éstos no podrán iniciar procesos de compras o contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, ni transferencias al sector privado, si no tienen las certificaciones de “apropiación presupuestaria” y de “disponibilidad de cuota para comprometer”.
La primera corresponde a la constancia de existencia de balance suficiente en la cuenta presupuestaria, por el monto del egreso previsto, y la segunda procura que se respete efectivamente el límite máximo para comprometer gastos que se autoriza para un período determinado.
Hechas las observaciones anteriores, es importante resaltar, que el poder ejecutivo consideró como excepciones para la disponibilidad de apropiación presupuestaria y de cuota para comprometer, los casos de compras o contratación de bienes, servicios y obras declarados de Emergencia y/o Seguridad Nacional, en sujeción a las disposiciones legales especificas establecidas en el marco legal de compras y contrataciones públicas.
Conforme a este decreto, el certificado de apropiación presupuestaria y el certificado de disponibilidad de cuota para comprometer serán emitidos por el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y deberán ser publicados por las Direcciones Administrativas y Financieras en el portal transaccional de compras y en el institucional administrado por la entidad contratante.
En este propósito, la Contraloría General de la República deberá rechazar toda solicitud de registro de contrato de un proveedor, en el cual su expediente administrativo no contenga el certificado de apropiación presupuestaria. Ahora bien, no podrá efectuar libramientos de pagos sin la existencia de ambas certificaciones.
En consecuencia, mediante este decreto, los oferentes de la Administración Pública podrán tener más certeza, toda vez que antes de presentar sus ofertas, tendrán la posibilidad de consultar en línea la existencia de disponibilidad presupuestaria y, con anterioridad a la suscripción del contrato, la disponibilidad de cuota para comprometer.