Usuarios consultados no sólo se vieron afectados por las entidades bancarias y préstamos informales, sino también por alegados maltratos verbales.

Endeudados muestran la otra cara de préstamos bancarios: persecuciones y cobros compulsivos

María Herrera / [email protected]
LA ROMANA. Decenas de personas en esta ciudad aseguran haber sido víctimas de cobros excesivos y compulsivos, de improperios y persecución por parte de entidades bancarias, tras adquirir préstamos, tarjetas de crédito y otros servicios que financian estas instituciones crediticias, y no haber cumplido a tiempo con el pago de estas obligaciones.
Andrés Mercedes, quien se define víctima de estas acciones, dijo que adquirió una tarjeta de crédito a una entidad bancaria, a la que asegura pagaba en la fecha preindicada. Dijo que nunca se demoraba en los pagos, y que en una ocasión de su sueldo le debitaron un dinero y cuando fue a preguntar le dijeron que él estaba atrasado, pero afirma que ya tenía unos ocho meses pagando y nunca le habían llamado la atención por causa del supuesto retraso.
“Lo que me costó decirle fue, ‘bueno, yo le voy a pagar y voy a cancelar la tarjeta’. Le pagaba hasta adelantado y me dijeron que no, que tenía que pagar en la fecha (acordada), y le pregunté qué hacían entonces con el dinero que yo daba por adelantado”, narró Mercedes.
Dijo que en el banco le respondieron que debía pagar en la fecha fijada. Asegura que le cobraron un mes por encima de lo que debía pagar. “Con esa gente siempre llevas las de perder. Las autoridades de este país nunca apoyan al chiquito; siempre al grande”, lamentó Mercedes.
Eliza Morla fue otra supuesta afectada. Esta mujer indicó que ha tomado préstamos de bancos y tarjetas de crédito, y se quejó de la facilidad para incluir a las personas en el buró de información crediticia, que antes era conocido como el Centro de Información Crediticia de Latinoamérica (Cicla), que ya fue adquirido por otra multinacional llamada TransUnion. Dijo que esto le imposibilita conseguir trabajo o incursionar en algún negocio, porque de inmediato le recuerdan que está registrada como una persona “mala paga”.
Otros usuarios consultados por este semanario no sólo se vieron afectados por las presiones de entidades bancarias y prestamistas informales, sino también por alegados maltratos verbales, tanto en sus hogares como en las calles, así como persecución con cobros compulsivos e incitación al suicidio.
El gerente de una financiera que no quiso ser identificado, dijo que el monto del interés varía según la calidad del cliente, ya que hay quienes pueden pagar un 10% y otros que sólo un 5%. Por tal razón, los intereses en las financieras no son muchas veces fijos, sino que cambian según el cliente de que se trate.
Dijo, asimismo, que se cobra mora por la cantidad de días de retrasos. En cuanto al gasto de cierre, dijo que son legales, que dijo se justifican en el documento que hacen a los clientes beneficiados del préstamo a través de un alguacil o notario. Esta fuente indicó que para un cliente ser llevado al data crédito debe tener varios pagares vencidos, y que esto va a depender de la cantidad de cuotas que estén establecidos dentro de las cláusulas del compromiso establecido.

Normas y consecuencias

Aníbal Santillán, abogado.
Aníbal Santillán, abogado.

El abogado Aníbal Santillán, al ser abordado respecto a esta situación, dijo que muchas personas han terminado incluso quitándose la vida, por las presiones que ejerce sobre ellos su cobrador. Citó como una de las formas más usuales de cobranzas los llamados “turbo cobro”, que son máquinas que llaman a las personas a distintos números telefónicos, incluidos celulares y empresariales.
Señaló que en el 2016 el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) aprobó la resolución 010-16, que regula el uso de los servicios públicos por telecomunicaciones para cuestiones de cobro. Esta resolución establece que el tope máximo de contactos de las prestadoras de servicios y las instituciones financieras con el usuario, son cinco.
El contacto puede ser por mensaje, correo electrónico, llamada automática y por una llamada de persona. Esas llamadas deberán ser de 7: 00 de la mañana a 8:00 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Si se hacen los domingos, son inválidas y también los días feriados o fuera del horario establecido.
“Nosotros tenemos un sistema en República Dominicana, de la autonomía de la voluntad: los contratos son buenos y válidos, si las partes están de acuerdo con firmarlos. Desafortunadamente, no tenemos aprobada la ley de tarjetas de crédito, según tengo entendido, y esa ley de tarjeta de crédito establecería un tope máximo de los intereses que pueda contratar la persona, condenar lo que se hace llamar la usura y los abusos respecto a los productos financieros”, explicó Santillán.
Dijo además que a propósito de aquellas personas que se dedican al micro crédito, a pequeña escala, existe una mala apreciación de unos cargos que desde el punto de vista de quien postula son ilegales, porque entiende que están abusando en cuanto a la cantidad de intereses y de recargo que son aplicados. Considera que una persona que tenga cualquier deuda con un prestamista local o de calle, estaría asumiendo el capital que es el monto del préstamo.
“Se te va a intimar o amenazar para quitar la propiedad del inmueble que tú tienes y que diste como hipoteca. Si es sobre vehículo, también lo mismo; si es personal, es contra todos tus bienes presentes y futuros y, adicionalmente, si es de modo de pagarés notarial, cuando cumples todas las condiciones de la Ley 140 (que regula el ejercicio de los notarios públicos dominicanos), entonces se te puede embargar directamente y puedes demandar la validez de ese embargo, pero todas esas acciones empiezan con un documento que se llama acto de alguacil”, explicó Santillán.
En cuanto a los gastos de cierre, indicó que son también abusivos, porque esencialmente consiste en sacar a la persona del sistema de data crédito, mediante un retiro de descargo y finiquito, pero dijo que en algunas ocasiones legalizar ese documento puede costar hasta 5 mil pesos, que deben ser pagados por el deudor y que se supone debería cubrir la empresa. Este gasto es adicional a la cantidad de dinero que tenía el cliente como deuda.
En el caso de los prestamistas que se quedan con las tarjetas de los usuarios, dijo que una de las cláusulas que establecen los contratos de tarjetas, tanto de débito como de crédito, es que no se puede ceder ese instrumento a un tercero, ni siquiera a un familiar. Pero dijo que hay una modalidad de préstamo que consiste en la entrega de la tarjeta, para que el prestamista cobre directamente su dinero a través de los cajeros automáticos.
Explicó que otro punto importante desde el punto de vista legal, es que en principio el sueldo o el salario son inembargables. Es decir, que nadie puede embargar, retener o reducir una parte de esos recursos, si no es en conformidad con lo dispuesto en la referida ley, que establece que lo máximo es un 0.16 % del salario.