EDITORIAL / No hay justificación que valga

La semana pasada, este medio publicó una información que por su naturaleza generó gran preocupación e inquietud, no sólo a las partes involucradas, sino también a toda la sociedad dominicana.
Se trata de lo dicho por la seccional de la Asociación de Profesores de Higüey (ADP), de que al menos 292 profesores de distintos pueblos de la región Este del país habían sido cancelados de sus funciones docentes, lo que causó un gran avispero entre los hombres y mujeres dedicados a la enseñanza.
Luego de difundida esta información, el Ministerio de Educación aclara que estas personas realmente no fueron canceladas, sino suspendidas para iniciar un proceso de investigación de cada uno de esos casos, en aras de conocer quiénes están realmente trabajando y cuáles no.
Realmente, es un problema que data ya de varios años. Y es que para nadie es un secreto que muchos profesores, no obstante haber sido nombrados hasta con dos tandas, decidieron irse a vivir fuera del país y disfrutar del cobro nominal en Educación, cual si realmente estuvieran justificando un sueldo en las aulas.
Otros profesores cobran también mensualmente, sin que necesariamente estén cumpliendo con las horas-clases reglamentarias y dispuestas por las máximas autoridades del sistema educativo nacional.
Estamos ante unas serias distorsiones que el Gobierno no puede tolerar, y mucho menos en medio de un proceso de fortalecimiento institucional que se lleva a cabo desde el Ministerio de Educación, a través de la llamada Revolución Educativa instruida por el propio presidente Danilo Medina.
Resulta a todas luces injusto, improcedente e ilegal que decenas de profesores estén cobrando sin trabajar, mientras que sus colegas sí cumplen a cabalidad con su rol de docentes comprometidos con la enseñanza de cientos de miles de estudiantes.
La ADP tiene todo el derecho de reclamar mejoras sustanciales en el sistema educativo, porque de algún modo contribuye a que la educación de nuestros hijos alcance los niveles máximos de excelencia a los que todos aspiramos.
Pero defender este adefesio, difundiendo incluso falsas e infundadas informaciones, no parece una buena idea, mucho menos partiendo de que no existen argumentos que valgan para justificar que maestros que ni siquiera vivan en República Dominicana estén aún vigentes en la nómina del Ministerio de Educación.
Por lo tanto, apoyamos los esfuerzos realizados por esa dependencia estatal de hacer transparente la nómina de nuestros docentes, y de esta forma poner orden en una institución tan fundamental para el desarrollo integral de todos los dominicanos.