EDITORIAL / ¿En Jaque?

La pasada semana, la Dirección Regional Este de la Policía Nacional informó el apresamiento de una banda integrada por niños de 11, 13 y 14 años de edad, que se dedicaba a cometer delitos en casas habitadas y negocios de la ciudad de La Romana. Este minúsculo grupo, tomando como parámetro la edad, al parecer han tenido en zozobra a esa ciudad, conforme al rosario de hechos que se les atribuye y que según la uniformada admiten los hechos.

Si se toma el reporte policial, los menores de edad, de noviembre hasta su más reciente detención ocurrida hace algunos días, habían sustraído de diversas residencias y negocios más de RD$70 mil, así como televisores, tabletas, relojes, ropa, mochilas, teléfonos celulares, perfumes, calzados y prendas de oro.

El Tiempo supo que esos mismos menores de edad ya habían sido detenidos en diversas oportunidades, pero que han sido absueltos, ya que no son pasibles de penalidades.

La Ley 136-03 sobre Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece en su artículo 223 que los niños menores de 13 años de edad, en ningún caso son responsables penales, por tanto no pueden ser detenidos ni privados de su libertad o sancionados por autoridad alguna.

El artículo 222 indica que la justicia penal de la persona adolescente, una vez establecida la responsabilidad penal tiene por objetivo aplicar la medida socioeducativa o la sanción correspondiente, y promover la educación, atención integral e inserción de la persona adolescente en la familia y en la sociedad.

La ley deja claramente establecido que estos menores de edad, los que por más de una oportunidad han sido detenidos por cometer hechos delictivos, no son responsables penales, lo que deja prácticamente sin argumentos a la misma Justicia, ya que no pueden proceder en su contra.

Sin embargo, desde que entró en vigencia el Código del Menor, muchos son los sectores que han observado la falencia en esa parte de la ley, ya que entendidos en la materia consideran que si bien estos infractores juveniles “precoces” deberían recibir algún tipo de acción regenerativa y sus padres asumir algún nivel de responsabilidad en la educación y supervisión de sus hijos.

No nos cansaremos de decir que como nación, el Gobierno Central y las autoridades municipales deberían enfocar programas puntuales dirigidos a niños y adolescentes, involucrada la familia, ya que cada día estamos mostrando que la inversión de valores está alcanzando niveles de alta preocupación para la ciudadanía en sentido general.

Es lastimoso decirlo, pero casos como estos ponen el jaque a la sociedad.