Edgar Moreta Solano Especial para el Tiempo VILLA HERMOSA, LA ROMANA. Miles de personas fueron desalojadas por la Policía Nacional en el municipio de Villa Hermosa de esta provincia, específicamente en el sector El Cumajon, por supuesta “invasión” de terrenos del Estado y de una familia identificada con el apellido Pujols. Dicho desalojo se produjo el pasado miércoles, en horas de la madrugada, donde alrededor de 200 casuchas construidas de zinc y madera fueron reducidas a escombros, tras una sentencia realizada por el Tribunal de Tierra. Los desalojados dicen que esto se realizó ilegalmente y que esos terrenos les pertenecen, ya que algunas de las personas afectadas admiten que compraron solares, y otra parte afirma que les fueron donadas las ubicaciones. Según documentos que muestra Milcíades Mejía Vidal, presidente de la Asociación de Campesinos Vencedores, este lugar de miles de tareas de tierras fue convertido en un asentamiento por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), en el año 2008. “Nos destruyeron todas las viviendas con cuatro palas mecánicas, y nosotros apenas pudimos echarnos a un lado. Aquí hay personas humildes de escasos recursos, que no tienen dónde vivir y que le fueron arrebatadas sus casitas de madera, que con mucho esfuerzo construyeron”, criticó Vidal. Según versiones de este activista, los tractores que se utilizaron para realizar dicho desalojo pertenecen a la alcaldía de Villa Hermosa, representada por el alcalde Freddy Johnson, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). El representante de la familia Pujols, Fernando Arturo Pujols, afirma que gran parte de estos lugares les pertenecen, y que cuentan con todas las documentaciones legales para demostrarlo. Pujols que se hacía inminente una reacción, debido a la gran cantidad de personas que se han establecido allí. Estas personas realizaron una marcha desde el lugar hasta la Gobernación Provincial, en La Romana, en protesta por esta situación, donde una comisión fue recibida por el gobernador Teodoro Ursino Reyes y el jefe de la Regional Este de la Policía Nacional, general Virgilio Pacheco Garabito. En dicha reunión, el gobernador planteó su posición al respecto. “Yo no me veo en la necesidad de que en mi provincia se hagan desalojos, pero lo del Estado debo defenderlo, con uñas y dientes”, expresó el represéntate del Poder Ejecutivo. Ursino Reyes fue quien dio la orden para que la Policía Nacional ejecutase el desalojo en una fecha no avisada. El general Pacheco Garabito también tuvo uso de la palabra. “Nuestra misión es garantizar la propiedad pública y privada. Es decir, defenderemos a los propietarios de los terrenos y los del Estado. Cumpliremos nuestro deber sin olvidarnos de los derechos humanos”, advirtió el alto oficial policial. Mientras tanto los que fueron desalojados expresan su descontento, y dijeron que defenderán “como sea” lo que es suyo. Varias de las personas que habitan este lugar tienen alrededor de siete años ocupando estos solares. Se estiman que más de 800 familias fueron desalojadas de allí, gran parte de descendencia haitiana, de escasos recursos económicos y con bajos niveles de escolaridad. Estas personas alegan que las autoridades gubernamentales, policiales y municipales le prometieron tierras o dinero, como una especie de gratificación para realizar este desalojo, lo que entienden es ilegal. El próximo mes de mayo se realizara una audiencia pública para tratar de encontrar solución a este conflicto.
Edgar Moreta Solano Especial para el Tiempo VILLA HERMOSA, LA ROMANA. Miles de personas fueron desalojadas por la Policía Nacional en el municipio de Villa Hermosa de esta provincia, específicamente en el sector El Cumajon, por supuesta “invasión” de terrenos del Estado y de una familia identificada con el apellido Pujols. Dicho desalojo se produjo el pasado miércoles, en horas de la madrugada, donde alrededor de 200 casuchas construidas de zinc y madera fueron reducidas a escombros, tras una sentencia realizada por el Tribunal de Tierra. Los desalojados dicen que esto se realizó ilegalmente y que esos terrenos les pertenecen, ya que algunas de las personas afectadas admiten que compraron solares, y otra parte afirma que les fueron donadas las ubicaciones. Según documentos que muestra Milcíades Mejía Vidal, presidente de la Asociación de Campesinos Vencedores, este lugar de miles de tareas de tierras fue convertido en un asentamiento por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), en el año 2008. “Nos destruyeron todas las viviendas con cuatro palas mecánicas, y nosotros apenas pudimos echarnos a un lado. Aquí hay personas humildes de escasos recursos, que no tienen dónde vivir y que le fueron arrebatadas sus casitas de madera, que con mucho esfuerzo construyeron”, criticó Vidal. Según versiones de este activista, los tractores que se utilizaron para realizar dicho desalojo pertenecen a la alcaldía de Villa Hermosa, representada por el alcalde Freddy Johnson, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). El representante de la familia Pujols, Fernando Arturo Pujols, afirma que gran parte de estos lugares les pertenecen, y que cuentan con todas las documentaciones legales para demostrarlo. Pujols que se hacía inminente una reacción, debido a la gran cantidad de personas que se han establecido allí. Estas personas realizaron una marcha desde el lugar hasta la Gobernación Provincial, en La Romana, en protesta por esta situación, donde una comisión fue recibida por el gobernador Teodoro Ursino Reyes y el jefe de la Regional Este de la Policía Nacional, general Virgilio Pacheco Garabito. En dicha reunión, el gobernador planteó su posición al respecto. “Yo no me veo en la necesidad de que en mi provincia se hagan desalojos, pero lo del Estado debo defenderlo, con uñas y dientes”, expresó el represéntate del Poder Ejecutivo. Ursino Reyes fue quien dio la orden para que la Policía Nacional ejecutase el desalojo en una fecha no avisada. El general Pacheco Garabito también tuvo uso de la palabra. “Nuestra misión es garantizar la propiedad pública y privada. Es decir, defenderemos a los propietarios de los terrenos y los del Estado. Cumpliremos nuestro deber sin olvidarnos de los derechos humanos”, advirtió el alto oficial policial. Mientras tanto los que fueron desalojados expresan su descontento, y dijeron que defenderán “como sea” lo que es suyo. Varias de las personas que habitan este lugar tienen alrededor de siete años ocupando estos solares. Se estiman que más de 800 familias fueron desalojadas de allí, gran parte de descendencia haitiana, de escasos recursos económicos y con bajos niveles de escolaridad. Estas personas alegan que las autoridades gubernamentales, policiales y municipales le prometieron tierras o dinero, como una especie de gratificación para realizar este desalojo, lo que entienden es ilegal. El próximo mes de mayo se realizara una audiencia pública para tratar de encontrar solución a este conflicto.

Desalojan personas habitaban terrenos privados y del Estado en Villa Hermosa

Edgar Moreta Solano / Especial para el Tiempo
VILLA HERMOSA, LA ROMANA. Miles de personas fueron desalojadas por la Policía Nacional en el municipio de Villa Hermosa de esta provincia, específicamente en el sector El Cumajon, por supuesta “invasión” de terrenos del Estado y de una familia identificada con el apellido Pujols.
Dicho desalojo se produjo el pasado miércoles, en horas de la madrugada, donde alrededor de 200 casuchas construidas de zinc y madera fueron reducidas a escombros, tras una sentencia realizada por el Tribunal de Tierra.
Los desalojados dicen que esto se realizó ilegalmente y que esos terrenos les pertenecen, ya que algunas de las personas afectadas admiten que compraron solares, y otra parte afirma que les fueron donadas las ubicaciones.
Según documentos que muestra Milcíades Mejía Vidal, presidente de la Asociación de Campesinos Vencedores, este lugar de miles de tareas de tierras fue convertido en un asentamiento por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), en el año 2008.
“Nos destruyeron todas las viviendas con cuatro palas mecánicas, y nosotros apenas pudimos echarnos a un lado. Aquí hay personas humildes de escasos recursos, que no tienen dónde vivir y que le fueron arrebatadas sus casitas de madera, que con mucho esfuerzo construyeron”, criticó Vidal.
Según versiones de este activista, los tractores que se utilizaron para realizar dicho desalojo pertenecen a la alcaldía de Villa Hermosa, representada por el alcalde Freddy Johnson, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
El representante de la familia Pujols, Fernando Arturo Pujols, afirma que gran parte de estos lugares les pertenecen, y que cuentan con todas las documentaciones legales para demostrarlo.
Pujols que se hacía inminente una reacción, debido a la gran cantidad de personas que se han establecido allí. Estas personas realizaron una marcha desde el lugar hasta la Gobernación Provincial, en La Romana, en protesta por esta situación, donde una comisión fue recibida por el gobernador Teodoro Ursino Reyes y el jefe de la Regional Este de la Policía Nacional, general Virgilio Pacheco Garabito.
En dicha reunión, el gobernador planteó su posición al respecto. “Yo no me veo en la necesidad de que en mi provincia se hagan desalojos, pero lo del Estado debo defenderlo, con uñas y dientes”, expresó el represéntate del Poder Ejecutivo. Ursino Reyes fue quien dio la orden para que la Policía Nacional ejecutase el desalojo en una fecha no avisada.
El general Pacheco Garabito también tuvo uso de la palabra. “Nuestra misión es garantizar la propiedad pública y privada. Es decir, defenderemos a los propietarios de los terrenos y los del Estado. Cumpliremos nuestro deber sin olvidarnos de los derechos humanos”, advirtió el alto oficial policial.
Mientras tanto los que fueron desalojados expresan su descontento, y dijeron que defenderán “como sea” lo que es suyo. Varias de las personas que habitan este lugar tienen alrededor de siete años ocupando estos solares.
Se estiman que más de 800 familias fueron desalojadas de allí, gran parte de descendencia haitiana, de escasos recursos económicos y con bajos niveles de escolaridad.
Estas personas alegan que las autoridades gubernamentales, policiales y municipales le prometieron tierras o dinero, como una especie de gratificación para realizar este desalojo, lo que entienden es ilegal.
El próximo mes de mayo se realizara una audiencia pública para tratar de encontrar solución a este conflicto.