Continúan creciendo los asentamientos urbanos ilegales en las zonas costeras

Julio González / [email protected]

Verón. Cada vez más se hace frecuente observar el acelerado crecimiento de asentamientos urbanos en espacios costeros del distrito turístico Verón-Punta Cana. Muchos de ellos, incluso se han establecido a unos 30 metros de la orilla de la playa, impactando negativamente en las aguas marinas y en la población de manglares que hace vida en esta zona.

Y es que, la construcción de viviendas y grandes complejos residenciales en áreas muy cercanas a la playa, ha traído consecuencias que han repercutido principalmente en recursos naturales y además generan condiciones de insalubridad porque muchas de las aguas residuales caen directamente al litoral.

Varias zonas del distrito como El Cortecito, Haití Chiquito y Uvero Alto, vierten sus aguas no sólo a manglares cercanos, sino también a uno de los reservorios naturales más significativos de Verón-Punta Cana: la Laguna Bávaro, que presenta altos grados de contaminación como consecuencia de las actividades de sanitarios, lavados de carro, elaboración de alimentos y hasta el vaciado de piscinas de algunos hoteles. La Ley 64-00 sobre Medio Ambiente es bastante clara en torno a este asunto.

El artículo 86 expresa que “se prohíbe ubicar todo tipo de instalaciones en las zonas de influencia de fuentes de abasto de agua a la población y a las industrias, cuyos residuales, aún tratados, presenten riesgos potenciales de contaminación de orden físico, químico, orgánico, térmico, radioactivo o de cualquier otra naturaleza, o presenten riesgos potenciales de contaminación”.

Asimismo, el texto establece en su artículo 109 que “es responsabilidad del Estado garantizar que los asentamientos humanos sean objeto de una planificación adecuada, que asegure una relación equilibrada con los recursos naturales que les sirven de soporte y entorno. Los ayuntamientos municipales y del Distrito Nacional, deben exigir los estudios ambientales correspondientes a los proponentes de proyectos de desarrollo y expansión urbana y suburbana, en su área de influencia, en coordinación con la Ministerio de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin los cuales no podrán otorgarse autorizaciones ni permisos a nuevas obras civiles y de desarrollo, ni a modificaciones de las existentes.

El artículo 110 además deja claro cuáles son los parámetros básicos para la prohibición total de un asentamiento. Dice que son los ubicados en “en lechos, cauces de ríos o zonas de deyección, zona expuesta a variaciones marinas, terrenos inundables, pantanosos o de relleno, cerca de zonas industriales, bases militares, basureros, vertederos municipales, depósitos o instalaciones de sustancias peligrosas (…)”.

LOS PROPIETARIOS

Armando Sánchez, un cubano propietario del residencial “Floricel”, ubicado en El Cortecito, dijo que tiene unos 14 años establecido en la zona, la cual vio con muy buenas posibilidades de desarrollarse por constituir uno de los espacios turísticos más visitados en el Caribe.

Manifestó que el residencial que mantiene bajo su responsabilidad cuenta con unos 8 apartamentos, cuyas habitaciones fueron remodeladas y acondicionadas para todas aquellas personas que deseen vivir cerca del mar. Sin embargo, aseguró que ha enfrentado ciertos inconvenientes por estar a orillas de la playa, principalmente con el agua que fue mezclada con las aguas servidas de otro residencial adyacente.

“El agua tiene un olor a aceite y gasolina y esto sucedió recientemente que abrieron un hueco en la calle. Todos estos residenciales en sí tienen agua contaminada, lo que pasa que nosotros contamos con un sistema de procesamiento ósmosis para que el agua llegue a los apartamentos sin ese olor, pero en la parte de afuera el líquido que llega en uno de los tubos mantiene ese olor insoportable”, explicó. Sánchez expresó que esto se ha convertido en un grave problema desde que se estableció en la zona, donde por sí solos han buscado las “soluciones” para mitigar las impurezas del agua que utilizan los inquilinos del residencial.

Igualmente, un habitante de otro de los residenciales ubicados en El Cortecito, que pidió sea resguardada su identidad, agregó que cada vez más se están desarrollando este tipo de habitaciones, muchas de ellas sin los parámetros correspondientes que exige la ley. “Hay mucha gente interesada en establecerse aquí, eso implica mayor demanda en los servicios y que las aguas servidas vayan a parar directamente a la playa o la zona de manglares”, aseveró.

PARALIZACIONES

Desde la Junta Municipal Verón-Punta Cana aseguran que realizan un conjunto de esfuerzos para evitar que los asentamientos irregulares sigan desarrollándose de manera descontrolada. José Vásquez, director de Planeamiento Urbano, resaltó que reconocen esta situación constituye un grave problema en el distrito turístico, por cuanto afecta al medio ambiente, a la actividad turística e infringe lo establecido en la legislación que rige la materia.

“Hay asentamientos que hemos detectado, en su mayoría conformados por nacionales haitianos, pero la paralización de estas construcciones y su desalojo, no lo podemos hacer solos, sino que requerimos del apoyo de Migración y la Guardia, porque se trata de un trabajo articulado”, señaló.

Indicó que para hacer más efectivo la plena paralización de estos asentamientos, deben establecerse compromisos entre estas y otras instituciones del Estado vinculadas a esta materia, en aras de ajustar a derecho a las personas que incurren en esto. A principios del pasado mes de marzo, el presidente de la Sala Capitular de la Junta Municipal Verón-Punta Cana, Ernesto Veloz, anunció que esa instancia conoció sobre un proyecto de ley que busca regularizar la cantidad de edificaciones que se están construyendo sin los permisos necesarios.

“El objetivo es ponerle un alto a la arrabalización y los levantamientos ilegales, un problema que se ha salido del control de las autoridades. Buscamos detener definitivamente el proceso de lotificación y de todas las construcciones que no cumplan con los requisitos de ley”, añadió. Veloz enfatizó que sí no logran regular efectivamente el proceso de crecimiento del distrito municipal “vamos a perder uno de los tesoros más importantes, que son nuestras playas, porque las aguas contaminadas que lanzan al subsuelo van al mar, erosionan las playas y mueren los corales”.

SIN RESULTADOS

A mediados del pasado mes de abril, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, informó que con la puesta en marcha de un plan de ordenamiento para la zona turística Verón-Punta Cana, se “frenaría” el crecimiento de asentamientos sobre todo en áreas costeras.

“Esperamos contar con este instrumento prontamente sobre lo cual voy a trabajar mucho en esta zona, incluso sería el primer plan de ordenamiento territorial aprobado que tendría la República Dominicana”, acotó. El titular de la cartera ambiental precisó que la provincia La Altagracia es una de las que más ha experimentado un mayor crecimiento poblacional en el país, durante los últimos diez años, lo que implica un incremento en la demanda de servicios y ocupación territorial.

Pero como una medida para mitigar estos impactos, Domínguez Brito instruyó al director provincial de Medio Ambiente, Ramiro Sánchez Melo, para que en un plazo no mayor de 15 días se desalojen todos aquellos asentamientos irregulares a lo largo y ancho de La Altagracia, cuya orden aún no se ha cumplido, pese a que ya transcurrió el tiempo establecido.