EN BUEN SENTIDO / Tierra con valor turístico

Antonio Corcino.

Antonio Corcino /
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Todo recurso con vocación para la comercialización, como la tierra adquiere valor turístico con el aumento de la demanda.
El país posee aproximadamente 800 mil tareas de tierra con vocación turísticas, en donde el Estado Dominicano es el propietario originario de todos los terrenos que conforman la Nación.
La tierra, como cualquier recurso del país, por disposiciones legales y constitucionales es para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a través mecanismos de control, consolidación y garantía de derechos, legitimado en la legislación de registros de tierras e Inmobiliario, que lo aseguran.
Debido a la plusvalía y la demanda de terreno, sin importar su propensión, su obtención es costosa, tierra fértil para que personas inescrupulosas florezcan para realizar actos ilegales, invasiones, conflictos y litigios; generando incertidumbre para los tenedores de títulos, como inseguridad jurídica, que podría traer consigo disminución de inversiones privadas e internacional, como los frutos de cosechados con la parcela 67-B, de la cual solo 40% está depurada. Si el Estado es dueño del 71% de esas tierras, pero no posee un solo metro cuadrado, es una razón para que los organismos competentes propagar tranquilidad a los inversionistas turísticos extranjeros, saneando y registrando los derechos inmobiliarios como garantía.
Como los problemas por la propiedad de la tierra han crecidos, contrario a lo que consagra la constitución sobre el derecho de propiedad como fundamental, ya el certificado de título, no siempre es un instrumento aval de derecho, ni a quién lo posea, no es inatacable, no es imprescriptible, como no es garantía estatal; y al sumar la falta de voluntad política, legislación, corrupción e impunidad, motivan operaciones engañosas; poniendo en riesgo la estabilidad como destino turístico.
Es un hecho, los que aconteció con la titulación en Bahía de Las Águilas, puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema jurídico dominicano, reproduciéndose en el Distrito Municipal Verón-Punta Cana, casi igual, al crecer la demanda, aumento el valor de sus tierras; trajo fraudes y actividades ilícitas ligadas a la titulación, golpearon su imagen, y con ello el país; estas prácticas contrarias a los derechos constitucionales, que podrían mermar el flujo de negocio. De manera que, estos conflictos asociados a la creciente demanda de las tierras con vocación turística, el Estado tiene que afianzar para no afectar la vida de esta comunidad y el país.