EN BUEN SENTIDO / El pecado original

Antonio Corcino.

Antonio Corcino / ancorci[email protected]

Aunque la Biblia en uno de sus libros nos hace referencia a una alegoría al acto sexual como pecado original; nos fija una tendencia del ser humano, por su naturaleza pecadora, a la comisión del yerro o no cumplir con las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos.
Constituyen propósitos de un gobierno democrático, sin importar el ámbito: local, municipal o nacional, estar sometidos a la ley, fortalecer la institucionalidad, ser transparente en las funciones, mostrar al público las labores que realizan por el favor de la legalidad; oxigenizan la transparencia, como la que orienta la Ley 340 sobre Compras y Litaciones que, constituye un llamado al orden y la justicia que certifican la democracia; evita de alguna medida que, el funcionario, como humano con vocación al pecado, incurra en falta y roben derechos.
En la pasada edición de BávaroNews, se publicó una nota escrita por Julio González, quien dio cuentas de las debilidades de la Junta Municipal Verón-Punta Cana que, carecen de las herramientas comunicacionales propias que coadyuven al cumplimiento con los establecidos en la Ley 340, expresiones que denotan el pecado original de procesos dañados desde su inicio, ya que como estipula la Ley; al comprar o licitar, primero es publicar, luego mediante concurso público elegir la mejor oferta, y no favorecer a firmas y nombres vinculados a intereses de personas que, en cierto modo es un pecado acto, llamado de grado a grado; forma de faltar al marco jurídico dominicano, el cual obliga a los funcionarios públicos a la sumisión.
Darle viva al pecado, es darle cabida a la mala práctica administrativa, tomando decisiones desligadas de los intereses de los ciudadanos, ya sean elegidos mediante el voto o no, sí manejan presupuesto estatal o municipal, es su deber a transparentar y rendir cuentas de lo que hacen de cara al pueblo, ampliando los mecanismos de participación política, como canal de comunicación con la sociedad y permitirle el monitoreo de las compras públicas o las licitaciones; es decir, explicarlas, reportarlas y someterlas al escrutinio público, y al ser elegidos como empleados del Estado, aceptan la responsabilidad de que sus actos, por derecho, sean revisados, analizados y evaluados.
Por la gobernanza distrital, sería sano que los miembros de nuestra Junta Municipal y parte del Estado dominicano, legitimen sus ejercicios, transparentando y rindiendo cuentas de las realizaciones, proyectarse en la sociedad como honestos, virtuosos y comprometidos a cumplir las leyes dominicanas.