Bávaro: Mineros sacan buen jugo a la extracción de agregados, pero evaden plan de restauración

Verón. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la provincia La Altagracia es una de las que mayor concentra industrias dedicadas a la extracción de minerales no metálicos, como arena, roca caliza, volcánica y coralina, lo que indudablemente genera un daño al medio ambiente, que de acuerdo a expertos en la materia debe ser reparado para recuperar áreas que han sido intervenidas por tal actividad.

En esta provincia, más en la zona de Cabeza de Toro, en el Distrito Verón-Punta Cana, existe un espacio denominado “Área minera”, donde convergen alrededor de más seis empresas dedicadas a la extracción de agregados.

En este lugar, según aseguran los propios mineros de esta zona, hay espacios que fueron explotados desde hace diez años, sin que todavía hayan sido restaurados.

Sin embargo, esta irresponsabilidad para cumplir con el plan de manejo ambiental definido para estos casos, contrasta con los márgenes de ganancias que obtienen las personas dedicadas a la explotación minera.

Esta actividad económica ha aportado RD$226,023.3 millones, desde el año 2010 hasta diciembre del año pasado, y mantiene una ponderación de aproximadamente un 1.73% en el producto interno bruto (PIB), con un pico de un 1.9% en 2014 cuando aportó RD$55,387.2 millones.

Datos obtenidos de un informe conjunto del Banco Central de la República Dominicana y el Ministerio de Energía y Minas, establecen exportaciones por alrededor deUS$6,519 millones durante los últimos seis años, lo que mantiene a la explotación de minas y canteras como una de las actividades más dinámicas.

Hasta el 2017, según cifras oficiales, existen dos concesiones metálicas en explotación y 123 no metálicas, para un total de 125, mientras que en trámites para iniciar la producción hay 33, de las cuales 32 son no metálicas.

Ramiro Sánchez Melo, director provincial de Medio Ambiente.
Ramiro Sánchez Melo, director provincial de Medio Ambiente.

En lo que compete a exploración, Energía y Minas destaca que al 1 de octubre de 2017 son 55 las concesiones otorgadas y vigentes, de las cuales 37 son metálicas (67.3%) y 18 no metálicas, para un total de 55.

En trámites de exploración hay 140, de las cuales 97 (69.3%) son para proyectos no metálicos. El Banco Central destaca que durante el primer semestre de 2016, la actividad explotación de minas y canteras registró un crecimiento interanual de un 25.1%.

IMPACTOS

Expertos en el área ambiental señalan que uno de los mayores impactos que generan estas compañías tiene que ver con la estabilidad de los suelos, por los niveles de excavación para la extracción, pero también con el equilibrio de los ríos y manglares, además de la supervivencia de especies de fauna y flora endémicas.

Daniel Quezada, es uno de ellos, quien es ingeniero geólogo y minas y además se desempeñó en esta área, tanto en el Ministerio de Medio Ambiente como en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Expertos aseguran que uno de los mayores impactos que generan estas compañías tiene que ver con la
estabilidad de los suelos.

Quezada explicó que la gran mayoría de las empresas de agregados en la zona se dedica a la extracción y trituración de rocas calizas, mientras que algunas sólo extraen el caliche que sirve de relleno en proyectos de construcción de viviendas y edificaciones. Pero este experto considera que la actividad minera afecta los recursos naturales por el impacto que tiene en cuanto a la penetración de la capa del suelo, lo cual puede llevarse hasta millones de años el proceso de recuperación de las áreas degradadas.

También, destruye la geomorfología del lugar aunque se apliquen medidas de mitigación ambiental. “El tema de la recuperación de recursos naturales en nuestro país es teórico, porque partiendo de allí, efectivamente, la empresa tiene la responsabilidad de recuperar el área de intervención.

De hecho, cuando el Ministerio de Medio Ambiente otorga una licencia ambiental, eso implica, dentro del estudio que suministró la compañía, un plan de manejo destinado a la recuperación de los sitios afectados”, destacó Quezada.

A su juicio, los empresarios de extracción de minerales no metálicos “se hacen los locos” y accionan muy poco para reparar el daño natural ocasionado, y por lo general eso se queda así, como es el caso del área minera de Cabeza de Toro.

Quezada, además, aseguró que  cuando se agotan los recursos disponibles de la mina queda lo que se denomina como regeneración espontánea, que cuando con el transcurrir de los años es posible el crecimiento de la maleza y es habitada por aves y otras especies endémicas.

Pero aclaró que no es por trabajos de recuperación provenientes de mineros. Consideró también que el Estado, a través de los ministerios de Medio Ambiente y Energía y Minas, demuestra las fallas en la supervisión para determinar el cumplimiento de los planes de manejo que deben aplicar.

“Es una parte muy débil por la que estamos pasando ahora mismo en el país, porque no hay sanciones fuertes”, lamentó Quezada.

REGULACIÓN SIN CUMPLIR

En marzo del año pasado, el Ministerio de Medio Ambiente emitió una nueva regulación específica que busca normar, agilizar y trasparentar las autorizaciones ambientales en materia de extracción de materiales de la corteza terrestre.

Mediante la Resolución 0001/2017 firmada por el entonces ministro de esa cartera, Francisco Domínguez Brito, se establecen mecanismos que procuran tener mayores controles y supervisión sobre el impacto ambiental de estas actividades, y asegurar la remediación de los daños que estos procesos suelen causar.

Entre otras condicionantes, la norma enumera una documentación básica que permitirá la regularización de cientos de empresas que han operado durante años, y que por trabas burocráticas y otras razones realizan sus actividades sin que hayan tenido una supervisión efectiva.

En la resolución, el ministerio plantea el rechazo de forma automática a solicitudes de proyectos que estén dentro de áreas protegidas, cauces de ríos y arroyos, áreas de humedales, así como proyectos que estén ubicados a menos de 150 metros de áreas costeras; zonas de alto riesgo para poblaciones o infraestructuras de servicios públicos, entre otras exclusiones.

De igual forma, expone que “no se aceptará extracción de materiales en zonas declaradas por el Estado como de interés turístico y áreas declaradas patrimonio de la humanidad o yacimientos arqueológicos protegidos”.

Francisco Santelises, supervisor de Agregados del Este, ubicado en Cabeza de Toro, reconoció que cumplen parcialmente con un plan de mitigación ambiental, a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente lo exige, pero justificó que la empresa que representa ha ejecutado algunas acciones que contribuyan a la preservación de los recursos naturales.

Asimismo, refirió que la zona está completamente devastada, principalmente por la tala de árboles y extracción de materiales. “Los que trabajaron en esa área, explotaron, limpiaron, sacaron y se fueron de la zona, sin recuperar nada”, sostuvo Santelises.

Según el representante de esta compañía, tratan de cumplir “al pie de la letra” lo exigido por las autoridades y recuperar la capa vegetal. Una vez que cuenten con espacio disponible, aplicarán medidas de riego y evitar entorpecer el crecimiento de maleza.

“No sabemos con certeza si somos los primeros o los únicos que hacemos eso, pero tratamos de cumplir porque estamos consciente que hay una afectación al medio ambiente”, indicó.

SUPERVISIÓN

El director provincial del Ministerio de Medio Ambiente, Ramiro Sánchez Melo, dijo que en la demarcación existen unas 32 minas que tienen su permiso correspondiente, y destacó que las empresas de este ramo constituyen la categoría A, lo que quiere decir que las autorizaciones son otorgadas a nivel central de este ente ministerial.

“Si hay algunas minas que no tenga los permisos, obviamente será clausurada definitivamente y se procederá a la incautación de los equipos. En la provincia La Altagracia sólo hay dos paralizadas, las cuales están ubicadas en el área de Cabeza de Toro, que por cuestiones de investigación no podemos revelar sus nombres”, manifestó.

Sánchez aseveró que el Ministerio de Medio Ambiente supervisa estas compañías cada cierto tiempo, con la finalidad de cumplan con las disposiciones establecidas en el otorgamiento de la concesión para explotar el área.

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